Juicio de responsabilidades

Entre septiembre y octubre de 2003, el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada ordenó al Ejército reprimir las protestas sociales en El Alto y otras regiones del departamento de La Paz contra la exportación de gas al amparo de contratos muy desfavorables para el país.

Como resultado, más de 60 personas fueron asesinadas y más de trescientas fueron heridas por ejercer su derecho a la libre expresión de ideas y por defender los recursos hidrocarburíferos de Bolivia.

La masacre no frenó la convulsión social sino que la agravó al punto de desatar una insurrección popular que obligó a Sánchez de Lozada a renunciar y huir del país acompañado de sus ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague para esconderse en Estados Unidos.

Después de la masacre, las familias de los caídos en defensa del gas conformaron un Comité Impulsor con muchas organizaciones, abogados y movimientos sociales para iniciar un juicio de responsabilidades en contra de los principales autores de la masacre.

En noviembre de 2004 comenzó el juicio de responsabilidades contra estas y otras ex autoridades del gobierno. Ha sido una lucha fuerte de las familias para presionar a los partidos y los jueces en Bolivia para que reconozcan su obligación de acabar con la impunidad.

Esta lucha contra la impunidad ha tenido que enfrentar también al gobierno de Estados Unidos, supuestamente el modelo de democracia, que ha obstaculizado los esfuerzos por notificar Sánchez de Lozada y a sus Ministros.

Desde el 22 de junio de 2005, cuando el gobierno entregó formalmente la solicitud de notificación, no se ha recibido ni siquiera un reconocimiento formal de la demanda. En enero 2007, el gobierno de Evo Morales inició formalmente un proceso de extradición, pero todavía quedan muchos obstáculos dentro del país y especialmente en Estados Unidos para que las familias de los mártires reciban justicia. La lucha continúa …