La doctrina de la Seguridad Nacional diseñada por el Pentágono fue el sustento del terrorismo de Estado desplegado por las dictaduras contra el “enemigo interior” en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado. El neoliberalismo sostuvo la democradura de los años 90 al amparo de la cual se siguieron violando los derechos de los ciudadanos que pensaban diferente.

Los delitos de lesa humanidad no son patrimonio exclusivo de las dictaduras. La tortura, el asesinato, el genocidio, los secuestros, las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias, el exilio y confinamiento, la corrupción y el enriquecimiento ilícito continuaron en la democracia.

Una vez derrotadas las dictaduras, el pueblo confió en que sus dirigencias políticas harían justicia. Pero algunos líderes de la joven democracia, muchos de ellos antiguos funcionarios de los regímenes de facto, crearon modernos mecanismos de impunidad en el Estado de Derecho para proteger a sus antiguos jefes.

Juzgaron a muy pocos responsables de los crímenes cometidos en la dictadura (se cuenta más de medio millar de asesinatos y desapariciones forzadas, cerca a cuatro mil detenidos y millares de exiliados, además de las detenciones indebidas cotidianas en los gobiernos de Hugo Bánzer Suárez, Alberto Natuch Busch y Luis García Meza.

La anomia gubernamental obligó a la sociedad a organizar el Tribunal Permanente de los Pueblos, instancia ética internacional creada para juzgar a los Estados “democráticos” que perdonaron a genocidas y torturadores. En 1991, el Tribunal inhabilitó moralmente a Hugo Banzer para que participe nuevamente en instancias de gobierno. Pero con el 23% de los votos, Banzer volvió a la presidencia en 1997 y de esta forma quedaron impunes los crímenes de la dictadura de 1971-78.

Por eso a la sociedad toda y a las víctimas hambrientas de justicia solo les quedan sus “batallas de la memoria” para que la historia no se olvide; la permanente lucha por la justicia, de gran valor simbólico en el debate con las nuevas generaciones acerca de un pasado que no acaba de pasar.

Combatir a la impunidad es parte de la lucha por la justicia social, esa lucha por la que miles de militantes y trabajadores fueron torturados y asesinados. No se trata de vengar a Marcelo Quiroga, Luis Espinal o José Carlos Trujillo, sino expiar los fantasmas de miles de hogares quebrados por la persecución política y la tortura física, los temores de cientos de familias que perdieron a sus seres queridos y de los pueblos indígenas que fueron exterminados.

Mantener la memoria y no olvidar el pasado ilumina el presente, sentencia Adolfo Pérez Esquivel. No interesan los mendrugos que caen de la mesa de los opulentos o las dádivas con las cuales el Estado pretende reparar los daños, añade el historiador Igor Goicovic Donoso: “La única reparación real y legítima tiene que ver con un proyecto colectivo de transformación de la sociedad (…) tiene que ver con el movimiento popular y sus luchas; tiene que ver con reparar los sueños y las utopías”.

Que quede claro, buscamos justicia y no venganza. Habrá reconciliación en un sentido profundo cuando se recomponga lo violado y cuando los asesinos del pueblo se arrepientan