Aguas del Illimani: La Paz y El Alto

El 24 de julio de 1997 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada dio luz verde a la primera experiencia privatizadora del agua en Bolivia entregando en concesión el servicio de agua potable y alcantarillado de La Paz y El Alto a Aguas del Illimani Sociedad Anónima (AISA), un consorcio dirigido por la transnacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux.

En 20 años la población de El Alto ha crecido demasiado y también sus necesidades de servicios básicos. Nueve distritos tiene la ciudad y no todos son atendidos por la empresa que se hizo cargo del servicio. AISA se opuso sistemáticamente a atender a los barrios más alejados y por eso los vecinos se levantaron.

La Federación de Juntas Vecinales de El Alto pidió con buenas maneras a AISA que demuestre que su contrato le libra de asistir a los más necesitados. Pero los empresarios siempre reaccionaron con soberbia a las demandas de diálogo de la gente. Muestren tres razones para que nos vayamos, pedía la empresa y los vecinos les dieron 14 razones, pero no fue suficiente.

Casi 580 juntas vecinales se movilizaron contra la transnacional y su “contrato amañado” a fines de 2004 y principios de 2005. El actual Ministro del Agua Abel Mamani hizo 11 días de huelga de hambre reclamando derechos para El Alto cuando fungió como dirigente de la Federación de Juntas Vecinales.

El movimiento vecinal obligó al gobierno del ex presidente Carlos Mesa a iniciar la terminación del contrato con AISA luego de 10 días de paro cívico en El Alto. Su lucha consiguió resultados concretos. Antes les cobraban 249 dólares para la conexión de alcantarillado y 196 dólares para la conexión de agua potable; y con la lucha se logró bajar los costos a 180 dólares para el alcantarillado y 155 para el agua potable.

La movilización sirvió porque ahora muchos barrios ya tienen agua. Ha quedado claro en la mente de casi todos los luchadores sociales de El Alto que el agua es un derecho y no una mercancía.

El 3 de enero de 2007 el Presidente Evo Morales oficializó la rescisión del contrato de operaciones de AISA, empresa que incumplió las metas de expansión del servicio de agua y alcantarillado y facturó incorrectamente durante 20 meses en perjuicio de los vecinos. Desde entonces se hace cargo de la administración del servicio la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), que comenzó a operar con un capital inicial de 5.5 millones de dólares.