Aguas del Tunari: Guerra del Agua en Cochabamba

La mundialmente conocida lucha por el agua en Cochabamba comenzó a mediados de los años 90 del siglo pasado, cuando las autoridades regionales aceleraron la perforación de pozos de hasta 500 metros de profundidad en la localidad de El Paso para proveer de agua a la ciudad. Los agricultores del valle bajo se organizaron en la primera asociación de regantes, que luego se convirtió en la Federación de Regantes de Cochabamba, para defender sus fuentes de agua subterránea en riesgo de agotamiento.

A fines de la década de los 90, los regantes comprendieron el peligro de entregar sus fuentes de agua a empresarios privados, como proponían Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer Suárez con los proyectos Misicuni y Corani destinados a resolver el déficit crónico de agua en la urbe. Los agricultores socializaron sus preocupaciones en el departamento y comenzaron a aglutinar activistas para defender sus recursos naturales de la privatización.

En las primeras movilizaciones les echaban con orín desde los balcones de la ciudad de Cochabamba. “Vagos, campesinos, sucios”, les gritaban, pero no los intimidaron. Buscaron aliados y organizaron la primera reunión conjunta a nivel departamental con maestros, fabriles, mineros y los jóvenes de la Universidad. En la Federación de Regantes conformaron la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida, casi al mismo tiempo que salía la ley de privatización del agua firmada por Manfred Reyes Villa y el gobierno central, una norma que concesionama Semapa a Aguas del Tunari.

El entonces diputado Evo Morales fue el encargado de obtener la ley privatista en el Parlamento para que los movimientos sociales de Cochabamba la analicen palabra por palabra y confirmen el asalto: para obtener un litro había que pagar a Aguas del Tunari, dueña absoluta de las fuentes. La ley levantó polvareda y los afectados se organizaron en tres escenarios: un bloque social, otro para el análisis de la ley y un tercer grupo encargado de hacer las propuestas.

Marcharon por primera vez contra las transnacionales del agua en Cochabamba en diciembre de 1999 y el 5 de enero de 2000 la Coordinadora convocó a la primera movilización departamental. Se dio plazo al gobierno para que escuche y atienda las demandas populares hasta febrero de 2000, pero las autoridades no respondieron.

La Coordinadora del Agua, a la cabeza de Oscar Olivera, organizó una toma simbólica de Cochabamba. El plan consistía en que la gente del centro y casco viejo de la ciudad esperen en la plaza central con pañuelos blancos a los miles de ciudadanos que llegarían desde las provincias con bandas de música.

El gobierno advirtió que nadie entraría a la Plaza. No le creyeron y se organizaron marchas desde el valle bajo y central, desde la Avenida Blanco Galindo y la Muyurina. Pero los gasificaron, los balearon y ahí empezó el enfrentamiento. La gente vio la represión por los medios de comunicación y se enojó mucho.

A fines de la primera semana de febrero el gobierno solicitó una reunión a los líderes del movimiento, que ya contaba con un equipo técnico sólido conformado por René Orellana, Pablo Solón, María Ester Udaeta y Juan Carlos Alurralde, entre otros.

El gobierno pidió 45 días para modificar la ley de concesión a Aguas del Tunari, pero los campesinos declararon el bloqueo departamental de caminos. “No vamos a meter alimentos a Cochabamba si es que los ciudadanos no se levantan”, amenazaron los campesinos. Cortaron el agua de la laguna de Escalerani, la principal fuente de abastecimiento, y se acabaron los alimentos para la venta.

El 11 de abril salieron a las calles mujeres, ancianos, caballeros, todos los citadinos, e hicieron un paro general. Ni siquiera las personas podían pasar por los bloqueos. Fueron ocho días de lucha, desde el 11 hasta 17 de abril. Los bloqueos proliferaron en las provincias de Cochabamba durante la Guerra del Agua. Todo ese mes no hubo tranquilidad. La policía buscaban a los dirigentes hasta en sus viviendas y el gobierno tuvo que declarar estado de sitio.

Finalmente, la enorme presión social obligó al gobierno de Hugo Banzer a rescindir el contrato con Aguas del Tunari y a devolver la administración del servicio de agua potable y alcantarillado a la empresa municipal Semapa.