El instrumento legal, Ley
de Agua 2029, instituye mecanismos autoritarios
y verticales en la toma de decisiones, impone
tarifas indexadas al dólar, tasas de retornos
de más del 16 por ciento, monopolio y exclusividad,
derecho de expropiación de los sistemas
existentes y derechos privilegiados sobre las
fuentes acuíferas e incrementos de tarifas
entre el 30 y hasta el 300 por ciento.
