El
agua no se compara con ningún otro recurso
natural porque es un bien esencial para la vida,
de consumo básico universal, insustituible
y sobre todo escaso en cantidad y calidad.
Por su importancia, el
recurso hídrico no puede exponerse a las
presiones, reglas y leyes del mercado
como ocurre con los otros recursos naturales;
al contrario, se requiere de una nueva forma de
gestión orientada a la conservación
y dirigida por la comunidad, no por la empresa
privada.
Para la administración
privada, el ahorro, el uso racional y cualquier
política tendente a controlar el consumo
entra en contradicción con sus intereses
pues sus beneficios dependen directamente de la
facturación de la mayor cantidad posible
de agua. Esta contradicción ambiental se
ha convertido en un verdadero obstáculo
para la expansión del servicio pues los
empresarios se resisten a invertir en planes de
expansión en zonas habitadas por consumidores
pobres.
Se ha confirmado en la práctica
que la privatización aumenta las
tarifas aunque no necesariamente mejore
el servicio, esto porque los intereses económicos
de una empresa privada no coinciden con los de
la sociedad. El objetivo principal de la empresa
privada es el lucro, no expandir la red de agua
potable y alcantarillado reinvirtiendo sus ganancias.
De ahí que la misión
principal de la Fundación Solón
es poner en evidencia estas y otras contradicciones
de la mercantilización del recurso agua
y ayudar a construir propuestas alternativas
de gestión.
Consideramos que las fuentes y
sistemas de agua potable y alcantarillado son
bienes de dominio público que deben ser
administrados por el Estado a través de
empresas de carácter público que
cobren sólo por los costes de mantenimiento
y la mejora del servicio, y que compatibilicen
la rentabilidad con objetivos sociales y ambientales.
Las ganancias que arroje este
tipo de gestión del agua tendrían
que ir en beneficio colectivo; no es éticamente
aceptable que individuos privados obtengan réditos
a partir del patrimonio común de la gente.
En ese marco, luchamos
porque el recurso agua, en todos sus usos, salga
de todo acuerdo comercial (ALCA, GATS,
OMC, TLCs) y de las políticas de las multilaterales
que condicionan la condonación de la deuda
a la privatización de los servicios de
agua.
Pretendemos recuperar los sistemas
locales de gestión del agua de manos de
las empresas transnacionales y promovemos la consolidación
de una convención internacional basada
en la solidaridad y reciprocidad para que regule
el recurso agua a nivel mundial.
Creemos que las inversiones necesarias
para proveer de agua al ser humano en todo el
mundo deben provenir de la disminución
de los presupuestos militares.
¿Cuáles
son nuestras estrategias para alcanzar estos objetivos?
Primero, empoderar a las organizaciones
ciudadanas e indígenas para que combatan
a la privatización y mercantilización;
recuperar la visión indígena en
el manejo del agua; fortalecer y articular alianzas
entre los movimientos sociales nacionales, regionales
y continentales para efectivizar campañas
concretas, y buscar instrumentos jurídicos
internacionales que preserven el agua como un
bien común.
Confiamos en que los métodos
aplicados hasta el momento son efectivos, pues
Bolivia se ha convertido en pocos años
en uno de los líderes mundiales en la lucha
contra la privatización del agua. El éxito
alcanzado en la Guerra del Agua, en la lucha contra
la exportación de agua a Chile y la construcción
del primer Ministerio del Agua del Hemisferio
encargado de construir una empresa pública
así lo demuestran.
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