Teóricamente, los tratados de libre comercio propuestos por los países industrializados del Norte a las naciones en desarrollo del Sur buscan ampliar el comercio mundial rebajando y posteriormente eliminando aranceles y otras barreras que complican el libre intercambio de mercancías. Sin embargo, estos acuerdos (TLCs diversos, ALCA, pactos de la OMC, etc) trascienden el campo económico y se convierten en herramientas políticas de dominación de los más fuertes sobre los débiles.

Si en una época no muy remota los imperios se edificaban a sangre y fuego, se puede decir que en la actualidad éstos avanzan conquistando mercados y eliminando a los competidores de las naciones rezagadas.

Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Estados Unidos negocia en todo el hemisferio –luego del fracaso de su proyecto imperial Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) – es algo más que un acuerdo comercial. Podría decirse que es un pacto de carácter político cuyo objetivo es afianzar la hegemonía norteamericana en todo el Continente en los campos productivo, comercial, financiero, científico, tecnológico e ideológico, en la perspectiva de contrarrestar la creciente influencia de la Unión Europea y los gigantes asiáticos.

Los acuerdos comerciales que surgen en esta nueva etapa de la historia caracterizada por la aparición de imperios económicos privados –que convierten al libre comercio en una entelequia– lejos de inspirarse en propósitos de fomento productivo y diseminación del progreso, pretenden asegurar la libertad de movimiento y las máximas ganancias para las corporaciones transnacionales y, en contrapartida, reducir aún más la soberanía de los Estados nacionales.

Los objetivos centrales de estos acuerdos comerciales no son otros que elevar al plano constitucional las reglas del libre mercado en todos los países, profundizar la expoliación de su fuerza laboral y recursos naturales, privatizar el conocimiento y extender el neoliberalismo como la religión oficial del planeta.

En otras palabras, los acuerdos comerciales son una especie de constituciones económicas que imponen un orden económico neoliberal ideado por el denominado Consenso de Washington que abarca desde los alimentos y servicios públicos esenciales hasta reglas para la privatización de la vida misma.

La tarea de la Fundación Solón no se limita a cuestionar esta ideología aún dominante sino apoyar e impulsar a los sectores sociales que superan la crítica para formular propuestas alternativas. Somos conscientes de que la mayor debilidad del momento es la falta de utopías, la falsa creencia de que no hay otros caminos y derroteros y la pérdida de confianza de la propia humanidad en su capacidad de autodeterminación, pero seguimos creyendo en el instinto de transformación y superación de los seres humanos, y por lo tanto en su capacidad de construir alternativas.

El modelo que buscamos

¿Cómo tendría que ser el modelo alternativo de integración comercial que pretendemos construir desde abajo, desde el seno de la sociedad civil? Buscamos un Comercio Justo y Solidario en el marco de una integración solidaria de los pueblos –no acuerdos que anteponen el intercambio mercantil a cualquier otra relación entre las naciones–, con reglas subordinadas a convenios internacionales sobre medio ambiente, salud, cambio climático, derechos laborales, culturales y todos los acuerdos que preservan los derechos humanos.

Este modelo alternativo contiene reglas desiguales para un mundo desigual, respeta el derecho de los países a asumir el patrón de desarrollo que más le convenga, privilegia a las economías más pequeñas, no reconoce el patentamiento de formas de vida y sobre todo es absolutamente transparente.

Comercio Justo y Solidario es respetar la soberanía de las naciones y los pueblos, sin imponer condiciones políticas, económicas o militares que vulneran el ejercicio de la democracia y los derechos humanos. En el comercio justo, el Estado Nacional tiene el derecho de regular los servicios básicos bajo criterios de servicio social y no de lucro, y controlar los sectores estratégicos de su economía a través de monopolios estatales.

No planteamos un modelo “anacrónico” o de otro mundo; simplemente reclamamos el derecho de las naciones pobres a recurrir al mismo modelo de desarrollo que permitió a las naciones del Norte llegar hasta donde han llegado.