José Carlos Trujillo Oroza fue detenido durante la dictadura de Hugo Banzer y desapareció de la prisión pública "El Pari" de Santa Cruz el 2 de febrero de 1972 cuando tenía 22 años. Gladys Oroza Vda de Solón Romero acudió a cuanta instancia le fue posible en los últimos 30 años en busca de justicia.

Las gestiones de Gladys Oroza comenzaron en Bolivia, pero no prosperaron durante las dictaduras. Se llevó el caso a Washington, donde tuvo éxito finalmente en 1999 cuando la Corte Interamericana dictó que “el Estado (boliviano) inicie de oficio un proceso judicial para investigar los hechos".

En el siguiente paso en Bolivia, el sistema judicial puso obstaculos de toda índole y todavia los seis imputados no han sido enjuiciados.   

Iniciar el juicio contra los paramilitares de Banzer acusados de la desaparición de Trujillo no ha sido una tarea fácil. Los gobiernos militares y democráticos de los últimos 30 años demostraron muy poco interés en el caso.

El problema de fondo no es la falta de instrumentos o leyes, sino la voluntad política. “Hay impunidad porque de una u otra manera los sectores políticos responsables de la desaparición forzosa de cientos de personas todavía son parte de la maquinaria política; en Bolivia opera un pacto del silencio, una conspiración contra los derechos humanos", piensa Gladys Oroza, una madre a quien, una vez más, se le ha negado justicia.

La Fundación sigue el caso de José Carlos Trujillo como un compromiso de acabar con la cultura de impunidad y como parte de su lucha por el cumplimento de los derechos humanos.