El agua es un elemento indispensable para la vida y ningún ser vivo puede prescindir de este recurso natural; es insustituible y un derecho humano. En los últimos años, este vital elemento se ha vuelto escaso en cantidad y calidad, y de difícil acceso para cientos de miles de personas.

El agua, en definitiva, es vida y no mercancía. Por tanto, las acciones por controlar la administración y distribución del agua no es posible si ello implica racionar su consumo, pagar altos precios por acceder a ella, y en tanto la cobertura del servicio no llege a cubrir a amplios sectores de la sociedad, que todavía carecen de este vital elemento.

El agua no es mercancía, porque las fuentes de agua, los sistemas de agua potable y alcantarillado, son bienes de dominio público que deben ser administrados por el Estado a través de empresas de carácter público que cobren sólo por los costes de mantenimiento y la mejora del servicio, y que compatibilicen la rentabilidad con objetivos sociales y ambientales.

El agua está  asociada a los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, que constituyen enormes reservorios del líquido elemento que se debe preservar y proteger, en el entendido de que en el futuro sean nuestras principales fuentes de abastecimiento y consumo.

En esa perspectiva, defendemos el derecho que tienen por igual todas las personas al uso y acceso al agua para el consumo doméstico, la seguridad alimentaria, o la preservación del medio ambiente, en el marco del respeto a la naturaleza.

La Fundación Solón, lucha porque el recurso agua, en todos sus usos, salga de todo acuerdo comercial (ALCA, GATS, OMC, TLCs) y de las políticas de las multilaterales que condicionan la otorgación de créditos o la condonación de la deuda a la privatización de los servicios del agua.

Creemos que las inversiones necesarias para proveer de agua al ser humano en todo el mundo deben provenir de la disminución de los presupuestos militares o de las descomunales políticas de subvención agrícolas en los países desarrollados. Lo que buscamos es la elaboración de instrumentos jurídicos internacionales que reconozcan al agua como un bien común al que todos deben tener derecho.

Confiamos en que los métodos aplicados hasta el momento sean efectivos, pues Bolivia se ha convertido en pocos años en uno de los líderes mundiales en la lucha contra la privatización del agua. El éxito alcanzado en la Guerra del Agua, en la lucha contra la exportación de agua a Chile y la construcción del primer Ministerio del Agua del Hemisferio encargado de construir una empresa pública así lo demuestran.