El gobierno de Estados Unidos no deja de encontrar obstáculos que retrasan la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú, Colombia y Ecuador. Por un lado, los sectores sociales y empresariales que se oponen se han visto fortalecidos una vez que empiezan a salir a la luz pública las graves implicaciones económicas del acuerdo, y por otro la primera potencia del mundo observa con impotencia que el tratado con los países de centroamérica (CAFTA) se trabó. Mientras, en el mismo seno del Congreso norteamericano adquieren cada vez más influencia los sectores proteccionistas que dudan de las ventajas del libre comercio.

En América Latina, el Primero de Mayo se celebró con marchas multitudinarias caracterizadas por el repudio social a los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Los TLCs que negocia la región o firmados ya con EEUU fueron el centro de las críticas en las manifestaciones de República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador. En Ecuador, más de 10 mil obreros desfilaron por las calles de Quito gritando consignas contra el TLC, al igual que en Colombia.

Fruto de la presión popular, los gobiernos andinos se han visto obligados ceder a una demanda antes impensable: la realización de consultas públicas previas a la firma del acuerdo. El ministro de economía ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró que su gobierno consultará al pueblo para que decida sobre el TLC. "Se puede hacer una política soberana" en Ecuador, dijo a ALER, y enmarcó esta afirmación como muestra de un cambio de actitud del nuevo gobierno luego de la crisis que terminó con Lucio Gutiérrez. El Ministro de Economía dijo que el nuevo gobierno considera que la política económica debe estar en manos de los ecuatorianos y no de organismos extranjeros o acreedores de bonos.

El referéndum ecuatoriano para aprobar el TLC podría tener un fuerte "impacto de demostración" en los otros países andinos. Por ejemplo, Luis Eduardo Garzón, alcalde de Bogotá, advierte que convocaría a una consulta popular en la capital para su ratificación o rechazo. El alcalde se apoya en preceptos constitucionales para reclamar una participación activa en el diseño de la estrategia negociadora y en la negociación misma del TLC.

El viraje político de los gobiernos es notorio también en otros países. Perú deberá estar de acuerdo en las 18 mesas que se negocian en el TLC con EEUU para ratificar este acuerdo comercial, de lo contrario el país no se va a morir si no hay TLC con EEUU porque "nada es imprescindible, sostuvo Carlos Ferrero, presidente del Consejo de Ministros de ese país. Según Ferrero, el presidente Alejandro Toledo dijo que el Perú "tiene que buscar las ventajas (de un TLC con EEUU) y tiene que haber ventajas y si no las hay, no habrá TLC, así de sencillo".

En un escenario tan adverso, comentan los analistas, el gobierno norteamericano tendría que repensar la rigidez de sus planteamientos y su estrategia de dejar los temas sensibles para el final, tal como lo hizo con México, Chile y Centroamérica. La suspensión de las negociaciones del TLC con Panamá, producto del rechazo de su gobierno a aceptar la propuesta agrícola norteamericana, es una muestra más del agotamiento de su estrategia.

El fracaso del Cafta

Además de la tenaz oposición que el plan de George W. Bush de enlazar comercialmente a Centroamérica y EEUU enfrenta en el Congreso, surgió un nuevo obstáculo que amenaza con reducir aún más la posibilidad de que se apruebe el acuerdo. Costa Rica, el país más desarrollado entre las seis naciones que firmaron con EEUU en Centroamérica, se resiste a ratificar el Cafta y es posible que la Asamblea Legislativa local ni siquiera vote sobre el pacto hasta después de las elecciones presidenciales de febrero próximo.

La renuencia de la democracia más antigua de Centroamérica ha sorprendido a la Casa Blanca y debilita uno de sus principales argumentos: que el acuerdo representa un beneficio esperado con ansiedad por la empobrecida región. "Si el Cafta termina dependiendo de dos o tres votos, algo que es muy probable, los que buscan una excusa para no votar en favor del acuerdo pueden aprovecharse del hecho de que Costa Rica es renuente", declaró el representante demócrata James Moran.

Un fracaso del Cafta respaldaría la posición de Brasil, Ecuador, Argentina y otros países que dudan de las intenciones de EEUU. También fortalecería a los movimientos contrarios al libre comercio en el Congreso estadounidense, que han luchado para derrumbar todas las propuestas de este tipo desde la firma del Nafta en 1994.

Los seis países que integran el Cafta firmaron el pacto el año pasado. El Salvador, Honduras y Guatemala fueron los primeros en ratificarlo. Pero el tratado también disparó una profunda desconfianza. Los exportadores de azúcar no ganaron mucho acceso al mercado estadounidense, básicamente eliminando un área que los productores centroamericanos esperaban explotar. Los fabricantes de confecciones también fueron obligados a aceptar condiciones como la compra de telas de EEUU en vez de las más baratas producidas en Asia.

Nicaragua y la República Dominicana no han firmado el pacto todavía. Costa Rica retrasó la firma debido a la creciente oposición de los sindicatos, algunos grupos representantes de los productores agrícolas e incluso algunos líderes empresariales.

La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua emitió un comunicado exigiendo que el Congreso no ratifique el TLC. La Unión, que agrupa a más de 70 mil medianos y pequeños productores, advierte que el acuerdo comercial "profundizará la destrucción" de la débil producción local. Alvaro Fiallos, presidente de la Unión, aseguró que el TLC es "la invasión de firmas extranjeras protegidas por el Estado".

La diputada Alba Palacios, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, observa una división en la Asamblea Nacional que mantiene estancada la ratificación del tratado. Los 38 legisladores sandinistas se oponen al tratado, mientras que los 41 congresistas del Partido Liberal Constitucionalista se pronunciarán luego de que el congreso de Estados Unidos dé su respaldo al TLC. La minoritaria bancada del partido Alianza por la República, del presidente Enrique Bolaños, es la única que demanda la urgente aprobación del acuerdo.

Los países no siempre ganan con el libre comercio

Poco a poco, la propaganda oficial desplegada a favor del TLC comienza a perder efectividad gracias a las cifras que van saliendo a luz pública. Según el economista Alan Fairlie, el costo de no firmar el TLC para Perú, si se toma como referencia los productos exportados a EEUU en 2003, sería de 109 millones de dólares. Esta cifra se desprende del cálculo de establecer los aranceles que hubieran pagado los empresarios a EEUU en base al total de 2,347 millones de dólares de exportaciones ese año. En el caso de firmarse el TLC el Estado perdería ingresos por la reducción de aranceles. Fairlie calcula que esa reducción bordearía los 129 millones de dólares. Es decir que Perú perdería más dinero si firma el TLC.

En Estados Unidos también le temen a los efectos adversos del libre comercio. Las crecientes preocupaciones en EEUU acerca de las importaciones chinas está generando una corriente "proteccionista" en diferentes gremios empresariales.

Por otro lado, los detractores del Cafta en EEUU sostienen que el trato aceleraría la transferencia de empleos del sector de confecciones a países donde la mano de obra es más barata y amenazaría a la fuertemente protegida industria azucarera.

Estados Unidos en la encrucijada

La inflexible posición estadounidense en el tema sanitario y fitosanitario y la compleja situación en medicamentos, para citar dos ejemplos, han llevado a algunos observadores a señalar que el TLC no estará firmado en julio, como se espera.

El ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias, recordó que una agricultura débil fortalece los cultivos ilícitos y el narcotráfico, y este, a su vez, alimenta el terrorismo. Si el TLC no le genera ganancias netas al país y al sector agropecuario "no será legítimo, y esto lo sabe EEUU".

Cuando se compra un producto del sector agropecuario, maíz, arroz, algodón, ejemplificó Arias, también se compra la ocupación legítima y lícita del territorio y, todavía más importante, se compra paz. Entender que el agro es un sector estratégico es algo tan sencillo que por eso las sociedades protegen el campo. Los países desarrollados, principalmente con una chequera poderosa, es decir, efectivo: entre el 2000 y el 2003, les giraron a sus agricultores 230.000 millones de dólares (2,3 veces el PIB de Colombia).

Por ello, en las negociaciones del TLC no solo no puede estar ausente el argumento geopolítico sino que el económico se refuerza con la necesidad que tiene Colombia de abrirle mercados a la creciente producción agropecuaria -2,5 millones de toneladas adicionales de alimentos-, que es resultado de las 450.000 hectáreas que el gobierno ha recuperado del millón de hectáreas que se perdieron con la apertura.

El TLC tiene que darles acceso real al mercado estadounidense a los productos del agro colombiano al tiempo que este tiene que ser defendido con diferentes mecanismos de las ayudas internas que EEUU otorga a sus agricultores. Además, el tratado tiene que contemplar la eliminación de los subsidios que reciben las exportaciones agropecuarias estadounidenses que se dirijan a Colombia.

Los andinos recurren a argumentos políticos

Es indudable Estados Unidos se encuentra en una posición incómoda y que los países andinos tienen más cancha para negociar. De ahí que algunos políticos de Colombia y Ecuador comienzan a estudiar nuevas salidas políticas al entuerto, aprovechando las implicancias del Atpdea.

Los beneficios del Atpdea terminan el 31 de diciembre del 2006 y si para esta fecha sus congresos y el estadounidense no han aprobado el TLC, las exportaciones hacia este gigantesco mercado enfrentarán enormes tropiezos.

Sin embargo, en el caso de que el TLC no esté listo para 2007, desde el punto de vista político, EEUU no puede eliminar el Atpdea sin repercusión alguna por la situación en que está ante el resto de Latinoamérica, Europa, Asia, China, India y otros países que también tienen qué decidir hoy en la actividad mundial no solo económica, sino política y social. No hay que olvidar que el Atpdea es un programa político de lucha contra la droga y el terrorismo.

En ese sentido, Perú pedirá a EEUU que mantenga en vigencia las preferencias otorgadas a través del Atpdea aun después de la entrada en vigencia del TLC, informó el jefe de la mesa de acceso a mercados y textiles, Eduardo Brandes.

En el acuerdo habrá un período paulatino de desgravación arancelaria, por lo que puede darse el caso de que muchos de los productos beneficiados ahora con arancel cero del ATPDEA no tengan una eliminación de los aranceles de inmediato con el TLC. Igualmente, esta concesión unilateral que otorga EEUU establece normas de origen más flexibles que las que se conseguirían con el TLC, advirtió.

La declaración sorprende, pues hasta ahora se consideró que en el TLC se obtendrían más beneficios que las que otorgaba el ATPDEA.

Nuevo colonialismo

NAFTA, CAFTA, ALCA, TLC son nuevas formas de colonialismo impulsadas desde el Imperio del Norte. El colonialismo camuflado bajo un entramado de convenios y pactos económicos, a veces bilaterales, a veces regionales, se abre camino bajo la presión del poderío yanqui. Estos pactos son una trampa mortal para los pueblos, porque detrás de la carnada del incremento de la inversión extranjera que "mitiga" el hambre y el desempleo, esconden el anzuelo de la velada intención de dominación, explotación, apropiación de los recursos naturales y de la pérdida de la soberanía y la autodeterminación, advierten los críticos a los acuerdos comerciales impuestos.

Se trata de pactos cuyas cláusulas, como espadas de Damocles, penden sobre los pueblos, subordinando los derechos constitucionales, el derecho internacional y los derechos humanos, para dar paso al poder supraconstitucional de las transnacionales y del gobierno norteamericano, que sin disparar un tiro se habrá apropiado hasta de las vidas de la gente.

Estos tratados tienen una función ulterior, crear de forma fraudulenta una especie de constitución o marco legal continental a la medida de los intereses de las transnacionales. Las Constituciones nacionales, la legislación económica y las leyes laborales y sociales tendentes a favorecer a los más pobres, se convertirán en letra muerta.

Los pactos bilaterales incluyen tratados de promoción y protección de las inversiones, libre comercio, derechos de propiedad intelectual, de cooperación y de ciencia y tecnología. Para la solución de controversias entre las partes se prevé la formación de tribunales arbitrales internacionales que tratarían las controversias caso por caso, al margen del sistema judicial de derecho público estatal e internacional. Es la apoteosis neoliberal, la privatización de la justicia y del derecho nacional e internacional, suplantándolo con un derecho corporativo que actúa en el interés exclusivo del capital transnacional y de los Estados ricos, en detrimento de los derechos fundamentales de los Estados colonizados.

Estos pactos poseen un sistema coercitivo para asegurar su aplicación: multas, sanciones y presiones económicas, diplomáticas y militares, etc. Este proceso de neocolonización económica y política tiene otro componente para garantizar su aplicación, la creciente e impune presencia y actividad militar estadounidense en Latinoamérica. Es la consagración de un sistema en el que agresiones militares y agresiones económicas son puntales de un esquema político de dominación mundial.

Con la firma del TLC, EEUU busca tener acceso a la mano de obra barata de los países andinos y por ello exige condiciones que les permitan explotar a los trabajadores a través de la llamada política de flexibilización laboral, afirma el representante de la red colombiana RECALCA, Enrique Daza. "EEUU quiere apoderarse todavía más de nuestros pequeños y reducidos mercados internos, trayéndonos sus productos agrícolas, sus bienes industriales y servicios de una forma tal que somete a una competencia desleal a nuestras incipientes economías nacionales".

Según Joseph Stiglitz, "los únicos derechos económicos que reconoce el gobierno norteamericano son los de la libre movilidad de capitales y los de propiedad intelectual, que anteponen los intereses de las compañías farmacéuticas a los de los pacientes con enfermedades mortales, que tan perniciosos efectos ha tenido en muchos países".

En ese entendido, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) de Ecuador comenzó a coordinar una gran movilización campesina para la X ronda de Guayaquil que se celebrará en junio.