La caída de Lucio Gutiérrez en Ecuador y la creciente ola de protestas retrasan o al menos onstaculizan el avance de la IX ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos que se celebra en Lima. El nuevo presidente ecuatoriano es bastante crítico, especialmente en temas referidos a la propiedad intelectual, mientras que los gremios farmacéuticos están ejerciendo una fuerte presión sobre los gobiernos de Alejandro Toledo y Alvaro Uribe.

El ascenso de un nuevo presidente en Ecuador restrasó el curso de las negociaciones de los países andinos con EEUU, luego de que el equipo negociador ecuatoriano anunciara que hasta que no sea ratificado por su gobierno evitará tomar decisiones de fondo en cualquiera de las mesas. El nuevo presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, mantuvo una posición bastante crítica sobre las decisiones que se tomaron en la mesa de propiedad intelectual.

En sus primeras declaraciones como mandatario, Palacio dijo que su gobierno no negociará el tema de la propiedad intelectual. "Nuestro equipo negociador fue debilucho, tenía que negociar los problemas arancelarios pero también está en la obligación de negociar los no arancelarios", dijo. Los los no arancelarios tienen que ver "con el enorme volumen de la deuda externa que no le permitirá invertir en salud, educación, protección social, reactivación productiva sin lo cual (Ecuador) no puede entrar a ninguna competencia". Indicó que se debe negociar asuntos
importantes de propiedad intelectual, "porque allí radica el futuro de nuestros medicamentos y el futuro de nuestra biodiversidad".

El 7 de marzo pasado, Palacio sostuvo que en propiedad intelectual, las implicaciones de un TLC mal negociado son graves, pues "surgirán problemas que inciden directamente en la vida, salud y biodiversidad".

Como médico de profesión, expuso su total rechazo a que Ecuador acepte alguna de las propuestas de EEUU, específicamente el tema de datos de prueba. Además, se mostró en todo
momento a favor de llevar el asunto a una consulta nacional. La directora de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Latinoamericanos (Alafar), la ecuatoriana Juana Ramos, dijo que la presencia de Palacio significará que Ecuador retire propiedad intelectual como materia de la
negociación. Recalcó las protestas callejeras para sacar del poder al anterior mandatario también fueron motivadas por la no firma del TLC.

Íñigo Salvador, experto en temas de propiedad intelectual, comentó que "caído Gutiérrez, el TLC también se cae, porque este acuerdo no es una política de Estado, es una decisión del gobierno; las protestas en Quito eran también contra el TLC". Diego Borja, representante de Expoflores, sostuvo que "la legitimidad de la negociación está cuestionada y debe parar hasta que se analice lo que se debe hacer".

Los datos de prueba
En el tema de datos de prueba, que se trata en la Mesa de Propiedad Intelectual, Perú se adhirió a Ecuador y a Colombia a la tesis de que ya habían bajado la guardia ante los pedidos estadounidenses en la ronda de Cartagena. En Lima, los negociadores peruanos no aceptan conceder exclusividad para la divulgación de los estudios clínicos y preclínicos.

La oferta original de Estados Unidos plantea que la protección de los datos de prueba en fármacos fuese de cinco años y en los agroquímicos de una década. Si se aceptara esa propuesta, el impacto inicial sobre quienes padecen las principales enfermedades sería
de un gasto extra de 30 millones de dólares, que representa el seis por ciento del total de ventas de medicinas, para este grupo poblacional que gasta unos 500 millones.

La Organización Panamericana de Salud (OPS), en un estudio hecho para Colombia, señaló que hasta el 2010, el impacto en el mercado de fármacos en ese país será de 290 millones de dólares, "lo cual equivale a los gastos en medicinas para 500.000 personas".

Si se cumple la petición de EEUU, el período de exclusividad pudiera extenderse a 25 años en las medicinas o a 30 años para agroquímicos. A este tiempo deben sumarse los tres o cuatro años que se demora en el país la entrega de una patente.

EEUU también habla de la posibilidad de patentar los segundos usos de sustancias químicas ya
conocidas. El mayor lío que pudiera derivarse con la extensión de las patentes recae en los genéricos. Sin la posibilidad de usar la información no divulgada, los productores de medicinas y agroquímicos genéricos tendrán que invertir en sus propios estudios para garantizar la validez de sus productos. Ello encarecerá los costos de producción de los insumos sin marca y en muchos casos los harían inviables para gran parte de la población, asegura el estudio realizado para Colombia por la OPS.

La ONG Ifarma dice que la propuesta estadounidense de restringir la competencia de los genéricos implicará que, por el aumento de los precios, dentro de 15 años cerca de 2,5 millones de colombianos no tendrán acceso a medicamentos y que casi 4.500 personas con el VIH-Sida morirán cada año por no acceder a las medicinas. 15 expertos de 10 países reunidos por la OMS/OPS respaldaron las conclusiones del estudio.

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, señaló a miembros del Congreso que fiscalizan la negociación del TLC, que en cualquier acuerdo con EEUU se defenderá la salud pública como uno de los principales intereses. Ratificó su preocupación por la indiferencia y falta de flexibilidad que EEUU viene mostrando en la negociación respecto al tema de medicamentos.

Un comunicado de los farmacéuticos peruanos reunidos en Adifan trajo a la luz el estudio aún no difundido por el Ministerio de Salud, en el que señala la cifra gruesa de 310 millones de dólares como el impacto del TLC en el costo de los medicamentos.

Negociación lenta
Hasta el momento se cerraron dos mesas. El lunes concluyó la de cooperación y el martes la de compras públicas, aunque quedó pendiente la definición de cinco puntos. Los andinos consiguieron que EEUU aceptaran incluir en un tratado bilateral un capítulo de protección a la biodiversidad, en la mesa ambiental. El 65% del capítulo sobre biodiversidad ya está aprobado, entre lo principal está la aceptación del respeto a la biodiversidad biológica, que incluye los conocimientos tradicionales.

El sector de industrias culturales como cine, televisión, radio, publicidad y editoriales de Colombia, pidió que se les proteja hasta donde lo permitan las normas colombianas y que los estadounidenses entren con las mismas condiciones de juego si es que van a competir.

La propuesta es que EEUU compita con presencia local y en igualdad de condiciones en lo que se refiere a reglas de juego, pues respecto a lo que significa el entretenimiento de ese país frente a unos canales que apenas llevan poco tiempo de privatización y que han desarrollado una industria que ha demostrado esfuerzos, abrirle totalmente el mercado sería peligroso. La idea es que haya una apertura gradual, dijo el asesor de los canales privados Tulio Ángel.

El vocero de los canales confía en que la reserva abarque una protección a la cuota de pantalla. Puntualmente esperan poder competir en otros horarios, pero con protección al tiempo triple A. El subsector también considera importante la presencia local, es decir, que no se den hechos
transfronterizos.

La derecha política y los empresarios de todos los países de la región exaltan mañosamente los beneficios del TLC y desdeñan y ocultan los perjuicios. Las elites de la región parecen estar dispuestas a ceder en temas claves como la defensa de la agricultura, el derecho de la población a tener pleno acceso a medicamentos genéricos, la soberanía plena sobre los recursos naturales y la preservación de la identidad cultural a cambio de asegurar mercados para un puñado de exportadores.

Del otro lado, arrecia la protesta social. El Perú, la Confederación Campesina y la Confederación Nacional Agraria se movilizan apoyados por gremios de trabajadores como la Confederación General de Trabajadores (CGTP) demandando un referéndum para conocer la opinión de los peruanos.