Más de 250 representantes de organizaciones de todo el país formularon una propuesta de la sociedad para la Asamblea Constituyente. Casi todos coinciden en que es necesario nacionalizar todos los recursos naturales.

El 13 y 14 de abril, al menos 250 representantes de organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas, de trabajadores, mujeres, jóvenes, de derechos humanos, religiosas, culturales y miembros de organismos no gubernamentales se reunieron en un seminario taller para delinear una propuesta de la sociedad civil con miras a la Asamblea Constituyente. En el encuentro, los asistentes coincidieron en que la Constitución Política del Estado (CPE) tiene rango jurídico superior a cualquier ley comercial, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El Seminario Nacional Asamblea Constituyente y Libre Comercio organizado por el Movimiento Boliviano de Lucha contra el TLC y el ALCA cumplió su objetivo de elaborar los lineamientos básicos que debería tener la futura Carta Magna. En los dos días de debates, los asistentes abordaron y discutieron los temas más controvertidos que plantea el TLC y elaboraron propuestas para “blindar” y proteger a la Constitución de las presiones que ejercen las empresas transnacionales y el gobierno de Estados Unidos.

En el Seminario, que es una actividad más que realiza el Movimiento social boliviano en el marco de la Semana de Acción Mundial por un Comercio Justo y Solidario, se elaboró la propuesta a partir de cuatro grandes áreas: 1. Agricultura, medio ambiente, recursos naturales y transgénicos; 2. Propiedad Intelectual, salud, biodiversidad y medicamentos; 3. Inversiones transnacionales, empresas estatales y compras del Estado; y 4. Servicios básicos como el agua, energía, transporte, entre otros.

El régimen socioeconómico
Los participantes propusieron incluir el siguiente acápite como una de las premisas de la futura Constitución: El Estado boliviano se fundamenta en la democracia, justicia social, solidaridad, que permita una vida digna a los bolivianos para el desarrollo pleno de las libertades económicas y socioculturales.

Según los asistentes, el Estado debería reconocer la Economía Solidaria entendida como una forma económica que se basa en formas asociativas solidarias con distribución equitativa de los beneficios sociales y económicos entre sus asociados y hacia el conjunto de la población. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas de producción, transformación y comercialización como base para la economía solidaria, que es la base para un desarrollo sustentable y equitativo

Además, en el Seminario se propuso que el Estado promueva y defienda la Soberanía Alimentaria. Un pilar importante para una economía es la producción de alimentos básicos, y se reservará el derecho a establecer políticas agropecuarias. El Estado fomentará la agricultura familiar campesina e iniciativas que provean fuentes de trabajo, y en especial las iniciativas de la misma población, incluyendo OECAs, microempresas, cooperativas, etc.

En Seminario se acordó también definir al régimen latifundista como contrario al interés social. Los campesinos y campesinas tienen prioridad en ejercer el derecho sobre la tierra.

Por la una revolución agropecuaria
Los asistentes al Seminario plantearon que el Estado promueva la producción, acopio, transformación, comercialización e industrialización de acuerdo a los usos y costumbres de cada región del país.

Según el Art. 173 de la Constitución, el Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento a los CIO para elevar la producción agropecuaria y promover la soberanía alimentaria. Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la alfabetización y educación del campesino en los ciclos fundamentales, técnico y profesional.

El Estado dará preferencias impositivas a las iniciativas de economía solidaria y creará fondos de fomento a las iniciativas de economía solidaria. El Estado promoverá la agricultura sustentable (Sostenible) a fin de garantizar la soberanía alimentaria del país. Esta soberanía se logrará privilegiando y desenvolviendo la producción agropecuaria interna.

El Estado debe promover también la producción de productos naturales para garantizar la soberanía alimentaria de acuerdo a usos y costumbres de los CIO.

El Estado debe reconocer, promover y proteger las distintas formas de asociación de producción, transformación y comercialización como la economía solidaria de reciprocidad, de cooperativas, OECAs y microempresas. Fomentar la producción nacional dando preferencias en compras estatales a la producción CIO. El Estado debe priorizar la infraestructura productiva para la producción agropecuaria sostenible de las CIO.

Se debe garantizar las compras del Estado para los pequeños y medianos empresarios, haciendo énfasis en el sector agrícola. La producción nacional tiene preferencias y exclusividad en las compras estatales

Los Municipios tienen el deber de fomentar la producción local, generando incentivos al desarrollo local, privilegiando la producción campesina e indígena.

Tierra y territorio
Se propuso que el Estado respete la propiedad de la tierra y el territorio para indígenas y campesinos y originarios según sus usos y costumbres, que son las leyes originarias.

El Estado debe reconocer, garantizar y proteger los derechos económicos y culturales de pueblos. Se debe elaborar una Ley de tierra y territorio, donde se contemple el derecho propietario y administrativo de los pueblos y no así del Estado.

Es preciso conformar un Consejo Agrario nacional de comunidades indígenas y originarias (CIO) que se encargue de la administración de tierra y territorio. El Estado debe prohibir y eliminar el latifundio y minifundio en el territorio boliviano. Las tierras fiscales deben ser redistribuidas a los CIO.

Recursos naturales y medio ambiente
Es preciso detener el saqueo indiscriminado de recursos naturales. Para esto la legislación debe dar prioridad a la satisfacción de las necesidades de todo el pueblo boliviano. La prioridad de la Asamblea Constituyente debería ser la nacionalización de todos los recursos naturales e iniciar un proceso de legislación sobre este tema, dice una de las conclusiones del Seminario.

El manejo de los recursos naturales debe regirse por los principios de responsabilidad con las generaciones futuras y reciprocidad con la naturaleza. Los entes públicos encargados de la gestión del agua están obligados a reinvertir sus ganancias en el servicio.

El Estado debe cumplir el Convenio 169 de la OIT, en su acápite que dice que las comunidades deben ser consultadas antes de emprender cualquier proyecto petrolero, minero o forestal. La explotación de recursos naturales debe ser consultada a los CIO y beneficiarlas directamente, plantearon los asistentes al Seminario Nacional.

Los pueblos originarios tienen todo el derecho de intervenir en la designación de contratos que afecten a los recursos naturales, principalmente hidrocarburos, minerales, agua, biodiversidad y otros.

Los recursos naturales deben ser administrados por las CIO de acuerdo a usos y costumbres. Las actividades de protección y manejo sostenible de la biodiversidad en las áreas protegidas, administradas por el Estado, deben pasar a manos de las CIO. Deben anularse todas las concesiones forestales mineras, petroleras y dotar tierras a las CIO de manera igualitaria.

Es un deber de las generaciones proteger y mantener el ambiente en su beneficio y de las generaciones futuras bajo principios bioéticos. No se permitirá el ingreso (en ninguna de sus usos: investigación, producción y comercialización) de organismos Transgénicos. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica en sus diferentes niveles: genético, específico y sistémico.

El Estado no debe permitir el uso de semillas transgénicas para el cultivo y producción agrícola en el país porque daña el medio ambiente y la tierra. El Estado debe promover el uso de insumos orgánicos para la agricultura ecológica

El Estado debe garantizar que el genoma de los seres vivos no sea patentado, de la misma manera no se podrá patentar animales ni plantas. Las actividades susceptibles de ocasionar daño al medioambiente y ecosistema deben ser sometidas a estudios de impacto ambiental y sociocultural, con la participación de CIO.

El Estado debe impedir la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. El turismo debe ser manejado por los CIO y no por empresas transnacionales. Además, el turismo debe ser comunitario y sostenible, coincidieron indígenas, campesinos y ambientalistas.

Hidrocarburos
Se debe iniciar un proceso de nacionalización de todos los yacimientos de hidrocarburos. El 80% de los recursos que genera de la explotación del gas debe ser para el Estado y el resto para la empresa inversionista.

El 50% de la generación de los recursos por la exportación del gas no constituyen un ingreso real para la nación y por lo tanto debe ser rechazado, opinaron algunos asistentes.

Los hidrocarburos deben pasar por un proceso de industrialización que beneficie a todo el país. El gobierno debe fomentar la industrialización de los productos nacionales para exportar productos con valor agregado y no vender solo materias primas.

Tratados internacionales
Para cada Tratado internacional, el Estado debe hacer un estudio de costos y beneficios para el país en su conjunto tomando en cuenta los diferentes sectores sociales y productivos. Las negociaciones serán transparentes, y serán sometidas a consultas a la población boliviana, sugirieron los participantes.

En tratados internacionales, no se permitirá negociar los siguientes puntos: Soberanía del Estado; Entrega del poder de decisión sobre recursos naturales a países o empresas extranjeras; La privatización o exportación de aguas, privatización de la educación y la salud.

El Estado deberá consultar a todos los sectores sociales principalmente a los productores CIO para cualquier Tratado Internacional.

TLC y servicios
Los responsables del grupo encargado de evaluar el impacto del TLC en el sector servicios sugirieron dejar bien en claro en la futura Carta Magna que la Constitución Política del Estado (CPE) tiene rango jurídico superior a cualquier ley comercial. En virtud al artículo 7 de la CPE (derechos fundamentales de la persona), la prestación de servicios públicos esenciales se rige por la CPE.

Los servicios son un bien público, no una mercancía. Por tanto, el fin de las políticas de manejo de servicios es satisfacer las necesidades básicas del ciudadano, respetar los derechos humanos y medioambientales, antes que garantizar el lucro.

Los servicios básicos y esenciales para los ciudadanos se administran a través de entidades públicas. La prestación de servicios públicos se rige por los principios de solidaridad, universalidad, de respeto de los derechos humanos y del medioambiente.

Como instruye el artículo 135 de la CPE, todas las empresas establecidas en el país estarán sometidas a la soberanía nacional. Todo prestador de servicios debe necesariamente establecer sus oficinas en territorio nacional someterse a las leyes y autoridades de la república y resolver sus controversias en el marco de la justicia nacional.

El Estado tiene la potestad y el derecho de otorgar preferencias a los prestadores de servicios públicos nacionales. El gasto público en salud y educación no es considerado una carga para el Estado, sino un aporte colectivo de la sociedad que se fundamenta en la solidaridad social.

También se propuso que la comunidad tenga el derecho a participar en la gestión del agua y en la fiscalización de la administración del servicio, considerando que los artículos 2 y 4 de la Constitución indican que la soberanía reside en el pueblo.

La regulación de los servicios de agua, educación, salud, energía eléctrica, telecomunicaciones y transportes está a cargo de Consejos Nacionales conformados por representantes del gobierno central, de los municipios y de la comunidad.

En función de la necesidad pública, el Estado tiene la potestad de imponer limitaciones al número de proveedores de servicios, al número total de operaciones y de personas naturales que puedan emplearse en un determinado sector. Ejerce esta función a través de normas o calificaciones, las cuales en ningún caso pueden ser consideradas barreras o trabas al comercio.

Servicios de prestación de agua
El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Por principio, la prestación de estos servicios se antepone a razones de orden económico.

Los servicios públicos de saneamiento y de abastecimiento de agua para consumo humano deberían ser prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales, se propuso en el Seminario Nacional.

Servicios educativos y de salud
Los servicios de sanidad pública y los servicios de educación primaria, secundaria y superior son gratuitos y gestionados por el Estado.

La nación boliviana hace suyos los principios de soberanía educativa considerando que: 1. La educación pública en todos sus niveles es atribución privativa del Estado. 2. El derecho a la educación y a la salud están por encima de las reglas de cualquier acuerdo comercial por cuanto son derechos humanos y sociales. 3. El Estado tiene la potestad de normar y vigilar el servicio que prestan las instituciones privadas que brindan servicios de educación y salud, por cuanto ambos sectores son estratégicos.

La educación es gratuita en todos sus niveles, integral y respetuosa de la diversidad cultural. El Estado promoverá una educación solidaria productiva, científica, revolucionaria y comunitaria. El Ministerio de Educación debe incluir la materia de agropecuaria en el currículum educativo nacional.

Inversiones
Las inversiones extranjeras necesarias para el desarrollo del país no deben vulnerar las normas que rigen la Nación y por tanto deben someterse a las leyes bolivianas, dice una de las conclusiones del Seminario.

Todo inversionista extranjero debe dar un informe anual al Estado y al pueblo sobre las inversiones que ha hecho. Los contratos firmados con inversionistas extranjeros, que no exceden los 20 años, deben ser revisados y en caso de anomalías se debe proceder al rompimiento de los mismos. Los contratos deben ser sometidos a la consulta del pueblo mediante Referéndum o Cabildos.

Las inversiones extranjeras nacionales deben estar orientadas a la innovación, productividad, y competitividad, como elementos estratégicos para el desarrollo de la economía. La distribución de las ganancias de todas las empresas nacionales debe destinarse primordialmente a los pueblos con más necesidades

¿Servirá de algo la Asamblea Constituyente?
En el Seminario Nacional fue notorio el escepticismo de ciertos sectores sociales respecto a la efectividad de la futura Asamblea Constituyente.

La Constituyente no transformará nada mientras esté vigente el sistema neoliberal, corresponde transformar el sistema capitalista. La Asamblea Constituyente en el marco en que está planteada es una trampa; por ello debería transformarse en una Asamblea popular, opinaron algunos asistentes.

No se debe permitir que los participantes en la Asamblea Constituyente sean elegidos por el gobierno y menos por los partidos políticos. La Asamblea debe contar con representación genuina del pueblo.

La Asamblea Constituyente debe definir el tipo de Estado y una visión de construcción del país donde se refleje el espíritu de justicia social, coincidió la generalidad.