La primera conclusión del Seminario Nacional Asamblea Constituyente y Libre Comercio:

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y muchos otros acuerdos internacionales destinados a normar el comercio internacional, como el GATS, no solo violan los derechos humanos al hacer prevalecer el derecho de los inversionistas extranjeros por sobre todas las cosas sino que contradicen abiertamente a la ley de leyes boliviana, es decir a la Constitución Política del Estado.

Esa es una de las primeras conclusiones a las que llegó el Seminario Nacional Asamblea Constituyente y Libre Comercio que se realiza en La Paz con la participación de cientos de representantes del magisterio, sindicatos de mujeres y organizaciones campesinas e indígenas de todo el país.

El seminario nacional es una de las actividades que organiza el Movimiento de Lucha contra el TLC y ALCA en el marco de la Semana de Acción Mundial por un Comercio Justo y Solidario, una campaña internacional en la que participan activistas de 100 países con el objetivo de cuestionar una vez más el patrón de desarrollo neoliberal impuesto por los países ricos y sus organismos financieros como el FMI y el Banco Mundial.

En la inauguración del seminario, María Chávez, representante del Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología (ISEAT) , reconoció que varias organizaciones religiosas del país replantearon su posición luego del conflicto social de octubre de 2003. Desde entonces, estas agrupaciones comprendieron que el mundo de contradicciones actual no es el único viable. “Tenemos derecho a soñar y a cambiar, podemos hacer una nueva realidad porque no nos conformarnos con las estructuras actuales”, dijo Chávez refiriéndose a la lucha que han emprendido las organizaciones sociales contra el modelo económico excluyente que se impone a los países en desarrollo.

Pablo Solón, representante de la Fundación Solón, denunció que los países ricos, a través de sus acuerdos internacionales, “han volteado la tortilla”: Hoy los derechos del comercio y de los inversionistas privados están por encima de los derechos humanos.

Según Solón, los movimientos sociales bolivianos proponen una alternativa a los acuerdos de libre comercio injustos como el TLC o el ALCA, esto es el comercio solidario. La diferencia entre ambos tipos es abismal. Los acuerdos comerciales en negociación, como el TLC, abarcan mucho más que temas estrictamente comerciales, como por ejemplo los servicios básicos que tienen una función social, la propiedad intelectual y la agricultura. Y, lo que es peor, estos acuerdos son confidenciales por 10 años, es decir que se los negocia en secreto.

Solón dijo que las organizaciones sociales están de acuerdo con fijar reglas al comercio, pero esas reglas no pueden ser iguales para competidores diametralmente distintos. No es justo ni equilibrado obligar a los microempresarios alteños a competir en igualdad de condiciones con las grandes transnacionales de Estados Unidos. Tampoco es razonable incluir en los acuerdos temas que van más allá del intercambio de mercancías, como son los servicios básicos o la misma agricultura, que es un modo de vida para millones de productores.

El TLC viola la Constitución
En su exposición, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Sacha Llorenti, enfatizó que la Constitución Política del Estado (CPE), la ley de leyes, es vulnerada severamente por los acuerdos de libre comercio en negociación.

Llorenti hizo una revisión de los articulados de la CPE que son vulnerados por el TLC. Por ejemplo, los artículos 2 y 4 indican que la soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible. Entonces, si no existe una decisión soberana del pueblo para la firma del TLC a través de un referéndum, se violarán estos artículos.

El TLC también viola el artículo 7 de la Constitución, referido a las garantías y derechos fundamentales de las personas. El artículo 35 de la CPE indica que los derechos y garantías dispuestos en el artículo 7 no niegan otros derechos no enunciados. Por ejemplo, la sociedad tiene derecho a un medioambiente sano, y sobre todo a la libertad de acceso a la información. El TLC viola estos principios porque es un acuerdo que se negocia en secreto.

El artículo 24 indica claramente que las empresas y súbditos extranjeros están obligados a someterse a las leyes y autoridades bolivianas. El TLC niega este precepto porque impone tribunales supranacionales, como el CIADI del Banco Mundial, para dirimir conflictos comerciales. El artículo 31 dice que son nulos los actos de quienes usurpen funciones. En este caso, los tribunales supranacionales que instaura el TLC están suplantando las atribuciones de la justicia boliviana.

Los artículos 141 y 142 autorizan al Estado a regir el comercio y la industria e intervenir el mercado a través del monopolio fiscal de determinadas exportaciones si el bien público así lo requiere. Sin embargo, el TLC impone límites al control soberano del Estado, que ni siquiera puede imponer requisitos de desempeño a la inversión extranjera.

En resumen, el TLC vulnera el régimen social porque protege al capital y no a los trabajadores; obvia el derecho de los pueblos indígenas contenido en el artículo 171 de la CPE. Además, las reglas que imponen los acuerdos comerciales internacionales limitan las competencias y la soberanía del Estado.

En esas condiciones, el Estado no puede suscribir un acuerdo internacional como el TLC porque vulnera la Constitución. Este tipo de acuerdos no solo violan el espíritu de los derechos humanos, sino que contradicen la dignidad humana, dijo Llorenti.

El objetivo del seminario
Los organizadores del seminario consideran necesario desarrollar propuestas alternativas frente a los postulados del mal llamado “libre comercio” para que sean discutidas en la futura Asamblea Constituyente. Es necesario, argumentan, contar con principios claros y precisos que guíen cualquier negociación comercial futura en el marco del respeto de los derechos humanos y de los recursos naturales. Es por eso que el seminario analizará el TLC en detalle, discutirá y elaborará propuestas para un “comercio justo” en oposición al “libre comercio” neoliberal.