TUNUP@ Nº 28
Boletín de la Fundación Solón
Bolivia, 13 de Junio del 2002
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AVISO URGENTE: HOY, JUEVES 13 DE JUNIO A HORAS 16:00
SE REALIZA UNA REUNION DE EMERGENCIA PARA ANALIZAR LA SITUACION DE LA MARCHA
INDIGENA-CAMPESINA, EL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES Y LAS ACCIONES A SEGUIR. La
reunión autoconvocada por un conjunto de organizaciones, instituciones y la
Mesa Técnica de Tierras se realiza en la Fundación Solón, Av. Ecuador Nº2519.
1) LA VERDAD SOBRE EL PREACUERDO DEL 12 DE JUNIO ENTRE
EL GOBIERNO, LOS PARTIDOS Y LA DIRECCION DE FABRICANO
Hoy los matutinos del país tienen títulos de primera plana absolutamente
contradictorios. El DIARIO señala "Los Indígenas consiguieron todo y la
marcha dice no", mientras La Prensa titula: "Logran preacuerdo sin la
Constituyente que divide a los indígenas". ¿Cuál es la verdad?
a) El preacuerdo solo establece el compromiso de que "los partidos políticos
introduzcan un nuevo mecanismo de reforma total de la constitución con
participación ciudadana" (punto 4) , ¿Cual es ese mecanismo?, ¿el
referendum, la asamblea constituyente, la iniciativa ciudadana, etc? El acuerdo
no especifica.
b) El preacuerdo sólo establece el compromiso de los partidos de escuchar la
propuesta indígena de Asamblea Constituyente en el Parlamento que se instale el
6 de agosto. El punto 5 señala: "El contenido y procedimiento específico
de la reforma constitucional, incluyendo la CONSIDERACION de la Asamblea
Nacional Constituyente serán incorporados en la ley a ser aprobada por el próximo
Congreso." Sólo se comprometen a "considerar" y no a
incorporar este mecanismo. La redacción de este punto es casi una copia del
acta de entendimiento de los partidos con la Iglesia, y ya sabemos lo que pasó
con dicha acta.
c) Para que no queden dudas de que sólo se comprometen a escuchar y no a
implementar la propuesta de los indígenas, el punto 6 aclara que
"los dirigentes indígenas pueden dar a conocer sus propuestas en la sesión
plenaria de ambas camáras".
d) El Congreso extraordinario que realizaría despues de las elecciones ("a
partir del 3 de julio" dice el preacuerdo) y no antes de la misma como pide
la marcha.
2) EL CONVENIO FIRMADO POR DIRIGENTES DEL MOVIMIENTO
SIN TIERRA Y LA MASACRE DE PANANTI
El Acta de Entendimiento entre el Gobierno Nacional y el Movimiento Sin Tierra
firmada el 10 de Junio del 2.002 dice en su punto 9:
"El Movimiento Sin Tierra reconoce que al tomar conocimiento de las
gestiones que hizo el INRA para obtener financiamiento para el saneamiento de la
provincia Gran Chaco, no puede existir reponsabilidad del Director Nacional y
Departamental del INRA en los sucesos de Pananti."
Los cometarios y la indignación sobran. El convenio está firmado por Angel
Duran Choque, Presidente del MST, Esteban Choque, Secretario Regional de Gran
Chaco, Evangelio Patzy, Secretario Nacional del MST, Hermelinda Fernández,
Presidenta Gran Chaco MST, Rene Salomon Vargas, Director Nacional del INRA,
Javier Gutierrez, Prefecto Dpto Cochabamba y Ramiro Cavero Urigona Ministro de
Desarrollo Sostenible y Planificación.
3) ENTRE LA SENSATEZ Y EL DESCALABRO por Xavier Albo
La marcha de los indígenas del oriente ‹más allá de quienes tratan de
aprovecharla‹ es una respuesta a la irresponsabilidad del sistema político,
insensible a las demandas ciudadanas.
No es exagerado señalar que el país se encuentra en un momento de
importantes definiciones y ello sin hacer referencia a las elecciones del próximo
domingo 30 de junio. La marcha de los indígenas del Oriente ‹como muchos
analistas advirtieron incluso antes de que comenzara y sólo estaba anunciada‹
ha tomado cuerpo y ya se ha convertido en una movilización nacional de la que
actores de diverso origen y con distintos objetivos, quieren tomar parte, a
diferencia de lo que ocurrió a sus inicios, cuando los apoyos fueron, más
bien, escasos. Más allá de los intereses de quienes la promovieron, lo real es
que los indígenas se han convertido en representantes genuinos de una percepción
generalizada: la de que los actores políticos, a casi 20 años de ejercicio del
poder estatal, deben modificar radicalmente su comportamiento. Ya no es posible
aceptar que se mantengan indiferentes a las demandas ciudadanas y que su actuación
gire alrededor de sus propios intereses o se conviertan en meros gestores de
intereses sectoriales.
En el caso concreto de la reforma constitucional ‹demanda fundamental de los
marchistas‹, han dado muestras de una irresponsabilidad tal que, hoy, el país
(y no sólo ellos) sufre las consecuencias negativas. No hay que olvidar que los
jefes de los principales partidos políticos se comprometieron, teniendo como
testigo a la Iglesia Católica, a modificar la Constitución Política del
Estado (CPE) conforme ella lo prevé, y que hay un proyecto de reforma elaborado
por el Consejo Ciudadano creado para este efecto y que fuera entregado a
consideración del Congreso Nacional el pasado mes de noviembre.
La lenidad parlamentaria y los cálculos mezquinos y cortoplacistas hicieron que
no se encare con la seriedad requerida este proceso. Luego se precipitó la
campaña electoral y fue poco lo que se pudo concertar. Más grave aún, algunos
acuerdos alcanzados para la reforma parcial fueron echados por la borda por
intereses de claro corte electoral.
El Gobierno dejó que los hechos siguieran su curso sin adoptar iniciativas
tendentes a garantizar la necesaria paz social que un proceso electoral
requiere. Recién en las últimas horas ha decidido atender otras demandas indígenas
y convocar, para efectos de la reforma constitucional, a los jefes de los
partidos a una comisión para negociar con los representantes de la marcha y
buscar acuerdos que permitan suspenderla.
Es, pues, posible señalar que los siguientes días serán decisivos. Dados los
antecedentes reseñados, si no se adoptan decisiones de mutuo beneficio,
sensatas, puede sobrevenir una situación de caos que incluso puede poner en
peligro la elección del 30 de junio. La culpa final ‹pese a que, como se ha
señalado en forma reiterada, hay intereses de diversa índole entre los
marchistas y, sobre todo, entre quienes quieren aprovecharse de la marcha‹ sólo
puede ser asignada al sistema político que, sin tomar en cuenta su notoria
deslegitimación, sigue lanzando gasolina al fuego que por ella se prendió.
Periódico La Razón (La Paz) 10 junio 2002