JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE DE PANANTI

                La masacre de campesinos sin tierra ocurrida en el chaco tarijeño el pasado viernes 9 de noviembre, marca el inicio de un nuevo ciclo en la realidad social agraria del país, en el cual, los grupos de poder pretenden resolver los conflictos de tenencia de la tierra aplicando la más brutal y extrema violencia contra las comunidades campesinas e indígenas. Ante esta siniestra perspectiva, la sociedad boliviana no puede quedar indiferente y debe actuar  decididamente en favor de la justicia y los derechos de las mayorías .

                Los campesinos sin tierra de Pananti, como tantos otros campesinos e indígenas de Bolivia, son familias que sufren la extrema pobreza  sin que el país les haya dado ninguna oportunidad ni esperanza de un futuro distinto. Ellos fueron masacrados por el sólo hecho de haberse asentado, hace ya más de dos años en busca de un medio de sobrevivencia, en tierras improductivas que, en algunos casos, fueron abandonadas hace varias décadas y en otros jamás fueron trabajadas. Sus victimarios, son  terratenientes y traficantes de tierras que nunca trabajaron ni invirtieron en las tierras de las que se dicen propietarios y a las que probablemente, como se ha hecho común en el oriente boliviano, pretenden darles el uso especulativo de garantizar créditos bancarios mientras se espera un buen precio para su venta.

                Las autoridades públicas tienen responsabilidad en la masacre de Pananti : Para empezar, el Ministro de Gobierno Leopoldo Fernández fue insistentemente advertido de la inminencia de la masacre con varios días de anticipación, sin que haya hecho nada efectivo para evitarla. La masacre se ejecutó, por paramilitares al servicio de los traficantes de tierras, con armamento de guerra cuya posesión esta estrictamente reservada a las fuerzas armadas; la policía, no obstante tener la misión de evitar los hechos de violencia en el lugar de la masacre y haber sido advertida mediante su Comandante General Walter Osinaga y el Comandante a cargo de la zona Ronaldo Vaca, de la presencia del grupo de paramilitares, permitió los hechos y, después de ellos, se parcializó y ensañó contra los campesinos sin tierra; las autoridades judiciales y el fiscal Gastón Mostajo, dispusieron la detención sólo de los dirigentes del Movimiento Sin Tierra, habiendo considerado en un primer momento incluso la de los heridos, mientras dejaban a los paramilitares en la libertad que les permite continuar amedrentando a los campesinos. Las autoridades públicas sobre las que pesa tan grave responsabilidad, deben ser destituidas y juzgadas.               

                Por su parte, el INRA tiene también una importante responsabilidad en estos hechos, pues un Decreto Supremo le dio el expreso mandato de resolver los conflictos de tenencias de tierras en la Provincia Gran Chaco de Tarija mediante la ejecución del proceso de saneamiento y en el término de un año, en el mes julio del año pasado, sin que haya cumplido dicha obligación. Con esta flagrante omisión de sus funciones, el INRA dio la oportunidad de tiempo suficiente para que los traficantes de tierras preparen y ejecuten la masacre de Pananti después de varias otras agresiones brutales a los campesinos sin tierra. El argumento de no contar con recursos económicos para la ejecución del proceso de saneamiento en el Gran Chaco, es apenas un pretexto absurdo, ya que, estando advertido de la gravedad de los conflictos, el INRA debió haber priorizado el saneamiento de los predios donde se asientan los núcleos sin tierra, cuya superficie sumada probablemente no supere las 15.000 has, y para lo cual indudablemente si contaba con recursos económicos.

El INRA no saneó las tierras del Gran Chaco por que si el saneamiento se efectuaba de acuerdo a Ley,  habría declarado fiscales las tierras pretendidas por muchos supuestos propietarios, como los de Pananti. Con esta actitud, entre muchísimas otras, el INRA ha ratificado estar al ilegítimo servicio de los grupos de poder económico y político del agro y de la banca, situación de cuya permanencia solo se puede esperar la legalización de la propiedad agraria especulativa y mal habida al precio de la matanza de los campesinos e indígenas bolivianos. Esta grave irresponsabilidad no debe quedar impune y debe ser sancionada.

                Por  otra parte, la masacre de Pananti no es un hecho aislado de violencia contra el campesinado, por el contrario, marca la agudización continua de repetidas agresiones sufridas por indígenas y campesinos en diversas regiones del país durante los últimos años, a manos de grupos irregulares al servicio de terratenientes y traficantes o de las  propias fuerzas de represión  del Estado. La situación de constante y grave violación de los derechos humanos en el trópico de Cochabamba es una de las claras muestras de esta realidad.  El ejercicio de la violencia contra los campesinos e indígenas se ha visto permanentemente favorecido por la total impunidad en la que han quedado los crímenes y los criminales, debemos recordar que hasta hoy no hubo castigo para los asesinos de Amayapampa, ni de los varios campesinos asesinados en el Chapare, ni de los de Parotani, ni de los asesinados durante la guerra del agua, ni de los del altiplano paceño. Por todo ello, además de la clara parcialización de las autoridades con los terratenientes de Pananti, no merece mayor crédito la promesa gubernamental de investigar los hechos de Pananti y castigar a los culpables.

                Ante la situación expuesta, las organizaciones sociales que suscribimos el presente pronunciamiento, condenamos la masacre de los campesinos sin tierra del Chaco tarijeño y exigimos castigo para sus autores y responsables, y advertimos al conjunto de la ciudadanía que la pasividad y la indiferencia ante estos hechos asegurarán su impunidad  y, en consecuencia,  su repetición y generalización.

                Con el propósito de impulsar y fortalecer la movilización de la sociedad boliviana por la justicia,  el respeto a los derechos humanos, y contra la impunidad, convocamos a todas las organizaciones sociales de Bolivia comprometidas y preocupadas por la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, a reunirnos en  un foro nacional por el derecho a la vida y a la tierra a realizarse en la ciudad de Cochabamba los días 23 y 24 del presente mes de noviembre.

FSUTCC                                                                               CEPRA

APDHC                                                                                PAAC

Movimiento Franciscano Justicia y Paz                        Pastoral Social Cochabamba

CEDESCO                                                                            CESAT

CASDEL

ASONGs (18 instituciones)

Siervos de María Justicia y Paz

DNI-C

CEPROMI – CIDHC

CIPCA                                  

CEDIB

CIOEC – RENACC

RED UNIBAMBA (15 instituciones)

Periódico CONSUR ÑAWPAQMAN

CENDA

Cochabamba, 15 de noviembre de 2001