CRÓNICA
DE UNA MATANZA ANUNCIADA
Antecedentes
de la matanza de los campesinos Sin Tierra de Bolivia
En
PANANTI : viernes 9 de noviembre de 2001
Una
de las paradojas más lacerantes de nuestro país, es que habiendo grandes
extensiones de tierra sin ser trabajadas y muchas veces obtenidas por favores
políticos, hay miles de campesinos que no tienen un pedazo de tierra para
cultivarla y vivir de ella.
La Ley de reforma Agraria del 2
de agosto 1953, cuyos objetivos eran: lograr la distribución y redistribución
de tierras a las comunidades campesinas e indígenas que no tenían acceso a las
mismas, o la poseían en forma insuficiente, y fortalecer al sector agropecuario
nacional, mediante la creación de empresas agropecuarias medianas y grandes,
las cuales debían incrementar su productividad, para poder cubrir la demanda
alimentaria interna[1], intentando además lograr
la importación de productos no tradicionales. Si bien eliminó el régimen de
servidumbre al que estaban sometidas las mayorías campesinas, no pudo
transformar la estructura inequitativa de la distribución de tierras en el país,
dando lugar al surgimiento del minifundio, sobre todo en
el altiplano y valles, mientras en el oriente, se consolidaban grandes
extensiones destinadas a promover el desarrollo de la agroindustria nacional.
Las
constantes denuncias de corrupción contra el Servicio Nacional de
Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Colonización, por la dotación
irregular de tierras, dio lugar a su intervención en 1992 y a la promulgación
de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, el 18 de octubre de
1996.
Tras cinco años de aplicación
de la Ley INRA no se han superado los problemas de la distribución de tierras
en el país. El Instituto Nacional de Reforma Agraria no ha logrado revertir al
Estado las propiedades abandonadas, ociosas o ilegales, que deberían ser
dotadas preferentemente a los pueblos y comunidades indígenas y originarias sin
tierra o de aquellas que las poseen en forma insuficiente.
El paradigma de la tierra
para quien la trabaja, precepto central de la Ley de Reforma Agraria,
parece haber sido reemplazado por un nuevo paradigma : la
tierra para quien la paga . Mientras las comunidades campesinas,
colonizadores y pueblos originarios ven que su territorio es contantemente
afectado por concesiones forestales, mineras e hidrocarburíferas. La Ley Inra,
mediante la figura de subasta pública de tierras revertidas, no hizo más que
beneficiar a las minorías pudientes del país, legalizando las formas tradicionales
de subordinación del hombre al capital.
La
ley INRA, cuyos pilares fundamentales son: saneamiento,
reversión y dotación de tierras que no cumplen la función económica y social
de explotación de la tierra y buscaba
solucionar los conflictos existentes en un plazo máximo de 10 años, a más de
cinco años de su promulgación no ha logrado sanear, revertir y dotar las
tierras en el país, el avance es mínimo[2].
Las
denuncias de nuevos latifundios en Pando, donde familias campesinas son
sometidas a regímenes de explotación feudal que creíamos desaparecidos o al
menos superados, el surgimiento de más de 1000.000 de campesinos sin tierra o
tierra insuficiente en todo el territorio nacional, el problema de los
minifundios en las tierras altas y la existencia de latifundios en las tierras
del oriente, son problemas que las normas vigentes no han logrado superar[3].
Fruto
de la injusta distribución de tierras, en mayo de
2000, en la provincia Gran Chaco del departamento de Tarija, familias
campesinas se organizan en núcleos sin tierra, para formar el MST regional el
Chaco.
Ante
semejante desequilibrio y la ineficiencia de la aplicación de la Ley INRA, el
23 de junio de 2000, en Pananti, 180
familias, inician la primera ocupación de tierras de latifundistas que no
cumplen la función económica y social, paralelamente, se organizan más núcleos
de campesinos sin tierra y se
ocupan más propiedades, organizando nuevos campamentos, a lo cual,
las autoridades regionales en coordinación con la policía, responden
con una represión brutal.
Como
protesta por la represión y persecución policial, el 9 de junio de 2000, los
campesinos sin tierra, inician en Yacuiba la Primera marcha por la Tierra, el
Territorio y la Dignidad, la misma que culmina en Tarija el 18 de junio, con la
firma de un convenio con las autoridades del INRA y la prefectura de Tarija
donde se acuerda respetar los asentamientos humanos e iniciar el saneamiento de
tierras en el Gran Chaco en un plazo de un año, convenio que a la fecha
no había avanzado ni en un 20%.
El
mes de Julio del 2000, se realiza la
Tercera Marcha Indígena por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales,
el gobierno logra suspenderla tras
la firma de un convenio que anula las conversión de las barracas en concesiones
forestales, en el departamento de Pando, y
permite la consolidación legal de las propiedades campesinas al interior de la
Reserva Forestal el Chore, previa ejecución de un proceso de saneamiento y el
anuncio de la existencia de 3.8
millones de hectáreas de tierras fiscales, identificadas por el INRA para ser
dotadas a favor de las comunidades campesinas y pueblos originarios.
El
4 de octubre del 2000, matones armados, bajo la dirección de terratenientes,
ganaderos y la complicidad de autoridades policiales, queman el campamento
“los Sotos”, hiriendo de bala a hombres, mujeres y niños. En esta acción,
se identifica a Teófilo Urzagaste, quien revolver en mano, dispara a mansalva
sobre los campesinos Sin tierra.
Hasta
diciembre del año 2000, se organizan 18 núcleos y se ocupan 14 propiedades,
mientras tanto, ganaderos y terratenientes se organizan en comités de
autodefensa de la propiedad privada, generando una campaña de terror y
amedrentamiento e iniciando procesos contra los dirigentes.
El
sábado 28 de abril del 2001, en el Asentamiento NUEVA ESPERANZA a las 7:30 de
la noche, el Sr. Enrique Selaya, ex diputado por el MNR y actual presidente de
APOGRA, revólver en mano y acompañado de 3 matones, inició una balacera
contra los campesinos, quienes tuvieron que escapar al monte, para preservar sus
vidas. El 30 de abril, el mismo señor, vuelve al asentamiento, donde procede a
disparar sobre los campesinos, logrando agarrar a uno de ellos y colocándole el
revolver en la boca amenaza con matarlo, en este nuevo atentado, los matones se
van robando las herramientas de trabajo de los campesinos.
El
8 de mayo del 2001 se registra un nuevo ataque a las comunidades de SALADA
GRANDE y SALADA CHICA, establecida hace más de 30 años, Rosendo Benítes, en complicidad con la policía montada y
otros policías vestidos de civil, todos armados, ingresaron a los asentamientos
para destruir las viviendas y quemar las pertenencias de los campesinos del
Movimiento Sin Tierra.
El
domingo 13 de mayo del 2001, Los Sotos es atacada nuevamente, un grupo de
matones, llega en una movilidad y con la radio a todo volúmen, proceden a
iniciar una ráfaga de disparos, por un lapso de aproximadamente 15 minutos,
como prueba de la agresión se encuentran 18 cartuchos
El
domingo 20 de mayo de 2001, el asentamiento los Sotos es atacado por segunda vez
(difundida).Un escuadrón armado disparó durante la noche contra el
asentamiento de los sotos a 5º km. de Yacuiba, Angel Durán denunció que se
trata de un grupo de sicarios contratados por quienes se dicen ser los
propietarios del paraje donde los sin tierra se habían asentado un año atrás.
La noche del domingo, varios vehículos 4x4, con las radios a todo volúmen
comenzó una balacera , por suerte en este enfrentamiento, no se registraron
muertos ni heridos, pues los campesinos lograron esconderse en el monte. (según
informa los tiempos 24/10/01)
Entre
el 9 y 10 de junio de 2001, a un año de la primera marcha, se realiza en
Yacuiba, Tarija, el Primer Encuentro Nacional de Trabajadores campesinos sin
tierra, dando nacimiento al Movimiento de Campesinos Trabajadores Sin Tierra de
Bolivia, eligiendo a los representantes a nivel nacional:
(*)
Presidente:
Angel Durán Choque
(Gran Chaco, Tarija)
Vicepresidente:
Florencio Orko Suna
(El Choré, Santa Cruz),
Strio
de Relaciones :
Claudio Sánchez
(Tarija)
Strio
de Actas :
Francisco Clemente
(Potosí)
Strio.
de hacienda:
Valentín Canaviri
(Oruro)
Los
departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Beni serán designados en
ampliados departamentales y se incorporarán a la Dirección del MST.
(*)
(Boletín Informativo del MST Bolivia, N1. Agosto de 2001).
En
este Encuentro Nacional, se resuelve:
1.
Ocupación de hecho de todos los latifundios que no cumplen la función
económico social en toda la geografía nacional, coordinando con las
federaciones Departamentales y regionales en las organizaciones de los núcleos
campesinos sin tierra.
2.
Exigir al gobierno nacional la reversión de todos los latifundios de
terratenientes para ser dotados a campesinos sin tierra o con tierra
insuficiente, en forma organizada, además de la modificación de la ley INRA.
3.
Organizar una red Nacional de la sociedad civil de apoyo al Movimiento
Sin Tierra de Bolivia.
4.
Coordinar a nivel internacional para la lucha y acciones conjuntas con
organizaciones que luchan con el mismo objetivo. Particularmente con el
Movimiento Sin Tierra del hermano país de Brasil.
Entre
el 27 y el 30 de agosto, a iniciativa de la Mesa Técnica de Tierra, la pastoral
Social de Bolivia y la Conferencia Episcopal de se realizó en Cochabamba el Encuentro
Nacional sobre Modificaciones a la Ley INRA, Proyecto de Ordenamiento
Territorial y Constitución Política del Estado. La misma que contó con la
participación de representantes de todas las organizaciones campesinas del país
así como de representantes del Gobierno. Donde ambas partes: campesinos y
gobierno, se comprometen a realizar una Cumbre Nacional de Tierra, pues se
reconoce el grave problema que existe en cuanto a distribución de la misma.
El 4 de septiembre de 2001, durante la inauguración de la Feria Internacional de Santa cruz, el presidente de Bolivia, Jorge Quiroga Ramírez, invita a los sectores empresariales y campesinos a la realización de una cumbre Nacional de Tierra. Fijada para fines de octubre.
El día 27 de septiembre de 2001, se firma un acuerdo entre la Confederación Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Gobierno. En el cual se resuelve:
- Elevar a rango de Ley el manual de verificación de la Función Económica y social. (que establece 25 Has/cabeza de ganado, para que estas sean productivas)
- Regularizar los derechos propietarios de los empresarios agroindustriales y ganaderos al interior de las áreas protegidas, parques nacionales y reservas forestales.
- Desalojar los asentamientos “ilegales” de familias campesinas al interior de los mismos.
Entre
el 11 y 12 de octubre de 2001, en la localidad de Yapacaní, Santa Cruz, se
realiza el Congreso Nacional del
MST: Tierra y Reforma Agraria. En el mismo Participan alrededor de 5.000
delegados campesinos de las diferentes Organizaciones a Nivel Nacional:
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos CSUTCB, Confederación
de Pueblos Indígenas del Oriente CIDOB, Confederación Sindical de
Colonizadores de Bolivia CSCB, Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia “
Bartolina Sisa” FSTCB- BS, y el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra MST.
Donde el convenio firmado entre la CAO y el gobierno es analizado y repudiado,
pues este pretende, legalizar la titulación de Tierras adjudicadas de forma
irregular a socios y colaboradores del gobierno durante los gobiernos de facto
de Luis García Meza y Hugo Banzer Suarez.
El congreso resuelve:
· La ocupación de los latifundios, para entregarlos a los campesinos sin tierra.
· El ingreso pacífico a la Reserva el Chore, para respaldar a quienes se asentaron en la zona, debido al acoso de efectivos militares y policiales.
· Inicio del bloqueo nacional de caminos a partir del 5 de noviembre.
El
13 de octubre se ocupa la Reserva Forestal el Chore[4],
en solidaridad con los campesinos colonizadores que viven en el lugar por más
de 10 años. En respuesta a esto, los empresarios agroindustriales, acusando a
los campesinos de “avasalladores ilegales”[5]
de la reserva, el Comité Cívico de Santa Cruz decide declarar la Guerra a los
campesinos, la comisión de estrategia de los miembros de la Nación Camba,
convocada por el Comité Cívico rechazan cualquier tipo de “avasallamiento de
tierras y denuncian a las ONGs que
incitan a los asentamientos”, Lorgio Paz denuncia al Poder Ejecutivo por
prometer la entrega de tierras a campesinos y colonizadores del occidente del país,
sabiendo que más del 80% de ellas tienen dueño y ya no pertenecen al Estado.
“Si
los colonizadores insisten en ocupar territorio en Santa Cruz bajo el lema
“tierra o muerte”, como lo expresaron en el congreso realizado en Yapacaní,
con ese mismo lema les responderán los cívicos cruceños”. ( declaraciones
en el Deber, 14/10/01),
El 15 de octubre del presente año, el comité Cívico convoca a una Asamblea de la Cruceñidad con el objeto de determinar la estrategia a seguir sobre el ingreso ilegal de campesinos a la reserva forestal Choré, se forma una comisión para demandar al gobierno el cumplimiento de la ley y se acusa al gobierno de estar “socapando “ esta situación porque parece que los dirige y los protege al no poner orden en el país. Si el gobierno no pone orden, ellos se verán obligados a “actuar”. De la misma manera, definieron no invitar a los ministros para explicar que pasos darán para dar soluciones al problema, porque consideran que han perdido credibilidad.
El 16 de octubre, los sin tierra toman la hacienda el “curichón” en la Enconada[6], la advertencia del prefecto de santa Cruz Wilmar Stelzer para que los colonos dejen en libertad a los rehenes, fue fortalecida con la presencia en la Enconada de alrededor de 300 efectivos policiales que llegaron desde La Paz. Alrededor de 500 colonos agrupados en 7 sindicatos demandan que el INRA otorgue 50 hectáreas para cada familia de los colonos, que abandonen el lugar aquellos terratenientes que tengan más de 50 has. Y que la tierra de la Enconada sea explotada por los colonos.
El día 17 , el presidente Jorge Quiroga, dio el instructivo “hay que restablecer el orden” y así sucedió[7], se procede a la militarización de la 350 policías de grupos especiales, entre ellos 180 del GES de la paz, 4 compañías de la octava división: Más de 400 efectivos militares, se quedaron para consolidar el orden en la enconada. 29 detenidos: 23 hombres y 6 mujeres, de los cuales liberaron 25, entre los detenidos habían maestros, enfermeras y otros que nada tenían que ver con los Sin Tierra.
El día 19, el comité cívico da un plazo de 10 días al gobierno para desalojar a colonos de Choré. La resolución exige: 1)Aprehender enjuiciar y sancionar a los responsables de los excesos cometidos en territorio cruceño. 2)Suspender indefinidamente el otorgamiento de títulos a nuevos colonizadores hasta la conclusión del saneamiento. 3) Se mantenga de manera permanente una fuerza policial o militar en las áreas protegidas, parques y reservas forestales.
El presidente de la Unión Juvenil cruceñista, José Vásquez, indica que si el gobierno no desaloja a los colonos, el día 11 ingresarán a esta área para hacer respetar la reserva forestal. “Hay que decir basta al atropello sistemático del cual es víctima Santa Cruz por parte de los colonos”. El miembro del Movimiento Nación Camba, Dabdoub, parafraseo “ si quieres paz, hay que prepararse para la guerra”.
El día 23 de octubre, el Gran Chaco vuelve a ser escenario de conflicto: Un grupo de civiles armados intentó desalojar a los campesinos “Sin tierra” del asentamiento Pananti, en la provincia Gran Chaco de Tarija, 150 civiles armados y protegidos por el ejército, ingresaron a desalojar a las 180 familias de comunarios asentados en el lugar. Resultado de esta agresión se producen 8 heridos entre los Sin Tierra
El 23 de octubre de 2001, un grupo de paramilitares fuertemente armados, al mando de los terratenientes y protegidos por el ejército, proceden al desalojo del asentamiento Pananti, instalando alrededor un cerco militar, para evitar el ingreso de los campesinos a sus viviendas, en este nuevo ataque se registran 8 heridos. El desalojo dura tres días, durante los cuales, no dejan ingresar a los campesinos a las viviendas, ni para sacar alimentos para los niños.
Hasta el 30 de octubre, el gobierno cumple ó de los 26 puntos del convenio firmado con CAO, el 27 de septiembre. Algunos de ellos son:
- verificación de los asentamientos ilegales en Choré y parque Noel Kempff Mercado por la brigada parlamentaria, Superintendencia Forestal, Comité Cívico e INRA
- Prefecturas garantizarán el respeto de áreas protegidas, parques, reservas forestales y todo tipo de propiedad privada
- Se gestiona la ejecución de $us 46 millones del FERE, a favor del sector agropecuario.
El 31 de octubre la FSUTC denuncia la posesión del ministro de justicia Serrate de 10000 has. de tierra en la Reserva Forestal el Chore. El dirigente de la FSUTC de santa cruz, Isaac Avalos con documentos en mano probó que grandes empresarios y autoridades de gobierno disponen de grandes propiedades dentro la reserva donde simultáneamente se priva a los campesinos de tener pequeñas parcelas. (ED, UH, LT30/10/01)
El titular de Justicia, aclaró que el trámite de adjudicación de esas tierras las inició hace 30 años por un total de 2.500 has. Pero nunca tomó posesión de ellas. Por lo cual, según resolución suprema, esta queda revertida al Estado.
De acuerdo a la actividad existente en la propiedad del ministro de justicia, dedicada a la ganadería, sólo le corresponderían 6.200 has, a pesar de ello fue consolidada con las 10.000 has.
VER
DENUNCIAS Y FOTOGRAFÍAS DE LA MASACRE DE PANANTI.
[1]
Hasta el año 1985, la demanda alimentaria era cubierta de la siguiente
manera: 70% provenía del sector campesino, 20% de la producción
empresarial y el 10% restante provenía de la importación. Según las estimaciones del Equipo Técnico
Permanente que apoya a las organizaciones campesinas, la producción de los
pequeños productores destinada a abastecer el mercado interno habría
disminuido al 50%, manteniéndose la del sector empresarial en el 20% e
incrementándose las importaciones y donaciones al 30% (ETP:2001, p.ó).
datos
tomados de : Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
: CEJIS , Revista, Artículo Primero del, número 9, Santa Cruz,
Bolivia
[2]Según
el ministro de Agricultura Walter Núñez: En Bolivia la demanda de tierra
alcanza a 103.2 millones de hectáreas, de las mismas, 11% fueron saneadas,
falta trabajar sobre un 62%. Están en proceso de saneamiento 28 millones de
has y falta ingresar en este proceso unos 64.2 millones en todo el país.(periódico
la patria, Oruro, 24/10/01)
[3]De los 109 millones de hectáreas que constituyen la superficie del territorio nacional, durante el proceso de saneamiento realizado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA, 32 millones han sido distribuidas a 40.000 empresarios y sólo 4 millones a 550.000 familias campesinas.
[4]creada mediante D.S. 7779 del 3 de agosto de 1966, con el objetivo de preservar los recursos forestales con una extensión de 900.000 has, superficie que fue modificada mediante D.S. 22899, el 16 de septiembre de 1991,anmpliando la Reserva Forestal en una superficie de 180.000 hectáreas, prohibiendo la dotación o adjudicación de tierras por las autoridades de Colonización y de Reforma Agraria, así como prohibe toda forma de aprovechamiento forestal, caza y pesca en el área.
[5] El D.S. 25839, del 12 de julio del año dos mil, levanta de manera excepcional la prohibición de asentamientos humanos y concesiones forestales y reconoce que a la fecha de su promulgación existían asentadas en la Reserva 57 comunidades campesinas y propiedades particulares, alrededor de 2.500 familias dedicadas a las actividades agrícola, ganadera y forestal. En el art. 5 del mismo decreto, se establece que “una vez consolidados los derechos propietarios de los asentamientos existentes en la unidad AF (unidad de uso agroforestal intensiva),las zonas libres deberán ser utilizadas para aprovechamiento forestal por Agrupaciones Sociales del Lugar (ASL).
[6] La situación es delicada: Hay 9 rehenes y 6 policías heridos. Alrededor de 500 colonos dispuestos a todo por un pedazo de tierra más de 300 policías que se movilizaron desde anoche (D/16/10/01)
[7] titular del periódico el deber, santa Cruz, 17/10/01