Este
21 de agosto, cuando se cumplen 29 años del golpe militar de 1971, habrá que
reflexionar sobre tal extremo y señalar, al menos desde la perspectiva del
momento en que vivimos, si son válidas o no los argumentos de ese grupo que se
ha hecho nuevamente del poder.
Los
siete años que duró la dictadura de Banzer tienen características muy claras.
Iniciada
con un golpe sangriento, durante toda su duración, persiguió, encarceló,
torturó y asesinó a todos quienes luchaban por la libertad. Sus agentes
mataron impunemente a los presos, haciéndolos desaparecer y, a otros, los
entregaron a las dictaduras Argentina y chilena, en el marco de esa criminal
complicidad conocida como “Plan Cóndor”.
Destruyó
todas las organizaciones sociales, imponiendo a sus lacayos como representantes
de los trabajadores. Los partidos políticos fueron prohibidos. Hasta los clubes
deportivos fueron fiscalizados.
El
alza en los precios internacionales del petróleo, que generó otras alzas en
las materias primas, permitió a la dictadura gozar de una época de bonanza
que, en vez de crear una base económica para el país, fue el contexto en el
que se constituyó un sistema de corrupción de tan grandes proporciones, que se
prolonga hasta hoy.
Habrá
que agregar que, el narcotráfico, sentó sus reales entonces y se consolidó
durante la dictadura de García Meza.
Derrocada
la dictadura de Banzer, Marcelo Quiroga presentó los fundamentos de un juicio
de responsabilidades que debía castigar al dictador y sus secuaces. El narco
golpe de García Meza lo impidió y, más aún, asesinó a su principal
impulsor.
Sobre
esa grotesca base, Banzer ha sostenido que, el juicio ante el que debía
comparecer, ha prescrito.
Los
principios básicos del derecho sostienen que, ese tipo de delitos, no pueden
prescribir. Pero es más: los hechos, los testarudos hechos, repiten
incansablemente, que no es posible enterrar el pasado, sin una previa rendición
de cuentas.
Banzer,
que ya participó de los gobiernos de Paz Estensoro y Paz Zamora, demuestra que
sigue siendo el mismo, cuando asume la presidencia, en agosto de 1997.
Cuando,
en abril pasado, ordena la movilización militar en Cochabamba y Achacachi,
repite la misma conducta que resultó en las matanzas de Tolata y Epizana, en
1974.
Sus
pactos con los dictadores de Sudamérica, en aquel entonces, tienen su correlato
en la evidente simpatía que siente por los presidentes autoritarios de este
tiempo, como Fujimori a quien acompañó casi solitario en su tercera toma de
mando.
La
corrupción que propició tanto durante su septenio, se repite en estos años.
La diferencia es que, entonces, cualquier denuncia era acallada con la cárcel.
Hoy, toda la gama de sus familiares aparecen involucrados en cualquier negociado
o robo al Estado.
Sus
ministros, hasta aquellos que se proclaman diferentes a los dinosaurios,
En
Chile, Pinochet amarró la Constitución para que sus crímenes quedaran
impunes. Hoy, finalmente, el pueblo chileno tiene la oportunidad de juzgarlo y
sentenciarlo. Los hombres de las dictaduras argentinas también están
enfrentando juicios.
La
marcha de los pueblos demuestra que no se puede construir el futuro sin saldar
cuentas con el pasado.
Banzer
debe enfrentar a la justicia, lo mismo que sus pares. El hecho de que hoy actúa
igual que durante su dictadura, nos muestra la necesidad de hacerlo.
Amparado
por su condición de jefe de estado, está convencido de que no se puede
llevarlo a juicio. Pero eso es temporal.
Lo
grave es que, también nosotros, nos convenzamos de que Banzer es intocable. Y
no puede ser así. El y sus cómplices deben ser juzgados. Preparémonos ahora
para hacerlo mañana.