Plan Cóndor-Banzer:

Gobierno niega presiones sobre la Corte Suprema

El Gobierno le da largas a la captura de Banzer y espera exhorto de extradición desde Argentina y fallo de la Suprema. El juez argentino denunció interferencia en la solicitud que realizó, que coincide con las denuncias de Guillermo Arancibia antes de dejar su cargo.

Las autoridades del Poder Ejecutivo atribuyeron a “razones personales” del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Arancibia, la renuncia que presentó éste al máximo tribunal judicial del país y rechazaron la supuesta injerencia política en ese órgano del Estado.

El portavoz del Gobierno, Mauro Bertero, afirmó que “como Poder Ejecutivo, por supuesto, lamentamos el alejamiento de un hombre tan importante dentro del contexto de la justicia boliviana. Estamos conscientes de que el doctor Arancibia debe tener razones personales para haber renunciado”.

Bertero negó las presiones sobre Arancibia por el caso de la solicitud de detención y extradición que realizó el juez argentino en contra del ex presidente y jefe de ADN, partido en función de gobierno.

El presidente de la Corte Suprema renunció el miércoles al cargo, tras denunciar la injerencia de presiones políticas y la corrupción enraizada en los tres poderes del Estado en Bolivia.

La renuncia de Arancibia fue vinculada a la decisión del gobierno de dejar en manos de la Corte Suprema la posibilidad de que Banzer sea detenido y extraditado a Argentina para que responda por supuestos delitos cometidos durante la presidencia de facto que ejerció entre 1971 y 1978.

“Nosotros rechazamos, en todo momento, que haya habido todo contacto con la Corte Suprema de Justicia para hablar de estos temas (detención y extradición de Banzer). Nosotros somos respetuosos de la independencia de los Poderes del Estado”, afirmó Bertero.

Asimismo, explicó que “nos asiste la convicción de que la única entidad autorizada para juzgar al ex presidente de la República es la Corte Suprema de Justicia de la República boliviana y así vamos a actuar en consecuencia una vez llegue a la Cancillería boliviana el Exhorto Suplicatorio de la Cancillería argentina”.

POSTERGADO

A su vez el ministro de Gobierno, Leopoldo Fernández, que instruyó a la Policía y frenar su acción en este caso, dijo que en todos los casos de extradición que se produjeron o los que puedan darse habrá estricto apego a la ley con un procedimiento específico y una orden de la Suprema, como ocurrió con el ex dictador Luis García Meza o en el caso de los acusados por narcotráfico.

“Este es un caso de un ex presidente constitucional de la República, no se trata de narcotraficante, por ello, debemos apegarnos más a la ley por lo cual tenemos que esperar cual es el pronunciamiento de la Corte Suprema”, sostuvo.

De esta forma el gobierno postergó indefinidamente la captura del ex presidente, mientras el juez federal argentino Rodolfo Canicoba no formalice una solicitud de extradición ante la Cancillería de la República que luego será visada por la Corte Suprema de Justicia.

ARGUCIA

En los primeros días de enero del 2002, el juez argentino acusó al gobierno de no colaborar a la justicia y aclaró que sólo fue una argucia la falta de formalismos jurídicos para su extradición pues Interpol puede capturarlo. De todos modos, adelantó que los primeros días de febrero enviará a la Cancillería un exhorto suplicatorio por su extradición.

Hugo Banzer desde Santa Cruz, manifestó no teme la captura internacional pero no saldrá del país y recibirá su octava quimioterapia contra en cáncer en Santa Cruz. Advirtió que no conoce nada del Plan Cóndor, pues nunca firmó nada y pidió a la prensa que no le haga más daño.

Banzer, de 75 años, encabezó un régimen de facto entre 1971 y 1978, y se convirtió en presidente constitucional de Bolivia entre 1997 y 2001, acortando su mandato de cinco años a cuatro por un cáncer de hígado y pulmón.

Según Canicoba Corral, Banzer tiene que ver con la desaparición de tres ciudadanos bolivianos y tres argentinos.

Organismos de derechos humanos atribuyeron a Banzer el haber asesinado o desaparecido a 146 personas durante su régimen de facto, además de haber repatriado a Chile y Argentina a una decena de militantes izquierdistas en el marco del Plan Cóndor.