Según el tratado de
Montevideo de 1889, la solicitud de extradición del ex
presidente Hugo Banzer Suárez que plantea el juez federal
argentino Rodolfo Canicoba Corral se reduce básicamente a cinco
etapas procesales, pero entre solicitudes, argumentaciones y réplicas,
ese trámite puede durar incluso meses.
De acuerdo con una lectura del mencionado tratado hecha por La
Prensa, por lo menos en las etapas referidas a la solicitud de
extradición (la revisión por parte del Estado requerido y la
continuación del proceso en el respectivo tribunal interno) se
puede demorar varios meses, ya que en ellas se da prioridad a la
adecuación y validez de los documentos a la ley boliviana, en
este caso.
En las últimas etapas, a partir de conocerse la decisión de la
Corte Suprema, corren plazos breves que luego de 18 días pueden
determinar una sentencia definitiva.
Sin embargo, luego de ese proceso aún queda la posibilidad de
que el juicio de extradición se extienda bajo el argumento de
insuficiencia de documentación.
El abogado especialista en derecho internacional Wálker San
Miguel explicó a este matutino que no puede especularse sobre
este tipo de solicitudes de extradición. “Menos a un ex
presidente de Bolivia”, sostuvo.
San Miguel añadió que el trámite de extradición será un
problema de derecho internacional para el venidero gobierno,
porque “estos trámites no son de un día para otro, duran
muchos meses”.
Esa demora siempre está marcada por la excesiva meticulosidad
en las formalidades diplomáticas y jurídicas.
Un compromiso nacional
La solicitud de extradición de Canicoba contra Banzer
se ampara en el Tratado de Montevideo de 1889, oficialmente
conocido como Tratado de Derecho Penal Internacional.
Ese documento no fue suscrito sólo por Bolivia y Argentina,
sino también por tres países sudamericanos más: Paraguay, Perú
y Uruguay.
Ese tratado fue aprobado por las naciones signatarias en
noviembre de 1903. En el caso boliviano, fue ratificado y
promulgado por ley del 25 de febrero de 1904 y, por tanto, es
una norma que debe hacer cumplir en su territorio.
Según la Cancillería de la República, el exhorto suplicatorio
con toda la documentación referida al caso aún no fue remitido
por las autoridades argentinas.
Es decir que el trámite aún no comenzó, pero el gobierno se
comprometió a derivarlo, como establece el tratado de
Montevideo, a la Corte Suprema de Justicia, en Sucre.
|