El
General De Gaulle habría declarado en mayo de 1968 que estaba ya demasiado
entrado en años para volverse dictador. Se tendrá que esperar que con el paso
de los años, el coronel Hugo Bánzer Suarez se aplome y haga suyas las palabras
de De Gaulle y que a su edad se estime ya demasiado viejo para volver a ser
dictador. En efecto, Bánzer, elegido en el mes de agosto jefe del Estado
boliviano, es y sigue siendo un nombre de triste memoria para el pueblo
boliviano, o por lo menos para los bolivianos que aún recuerdan.
Ha bastado que el antiguo coronel, golpista en la más pura tradición
latinoamericana, prometa con un estilo tomado de la fraseología populista
“educación, salud y empleo”, para que el pueblo boliviano se vea afectado
por amnesia y le confíe su destino. La sabiduría popular y Montaigne quieren
que un pueblo tenga el gobierno que se merece.1
Aceptar esa idea teniendo en vista el ejemplo boliviano seria simplificar al
extremo un fenómeno donde la elección de Bánzer es solamente la parte que
emerge, la, en todo caso más visible de un iceberg. Una ”success-story” que
en todo el continente transforma fascistas notorios en demócratas que viven
impunemente.
Las
dictaduras militares, sustentadas ideológicamente por la doctrina de la
Seguridad Nacional, importada del Pentágono, implantaron el Terrorismo de
Estado y concentraron sus ataques en el denominado “enemigo interior”, al
que identificaron con los sectores contestarios, populares o universitarios de
la población.
La caída progresiva de esos regímenes, iniciada al principio de la década del
ochenta, generó un proceso de democratización. Si muchos de los regímenes
actuales en América Latina presentan un sistema que permite la expresión de
una voluntad popular, no basta esto sin embargo para poder designarlos como
democráticos. Hoy en día está universalmente reconocido (o casi!) que un
sistema politico que no garantice las libertades individuales y públicas, un
sistema que no respete los derechos fundamentales inalienables a la condición
humana, es un sistema por esencia a-democratico, cuando no antidemocrático.
En los años sesenta los Tupamaros emplearon la expresión feliz
”democradura” para calificar esta situación de una democracia de nombre
pero que no se da en los hechos . Hoy el mismo término podría servir para
designar a los regímenes actuales, que resultan del acoplamiento entre la
democratización y las dictaduras. Sería vano aquí hacer una lista exhaustiva
de los males que afectan los pueblos en la mayoría de los países
latinoamericanos.
Por otra parte los gobiernos de esos países tienen un espacio de maniobra muy
estrecho en razón de la constante espalda de Damocles que representan los
militares.2 Lo que, por cierto, no es una casualidad.
En cada uno de los Estados, antiguos cuadros de la dictadura permanecen en las
Fuerzas Armadas como en la policia. Las fuerzas coercitivas gubernamentales no
cambiaron ni sus efectivos ni sus practicas3.
Y algunos de ellos encontraron rapidamente nuevas funciones y puestos influencia
como mandatarios populares. En una palabra, el proceso de democratización falló
en la obligacíon moral y política de garantizar el castigo a los autores
materiales e intelectuales de la represión, traicionando así su finalidad: la
democracia.
Aunque todo un arsenal jurídico obligaba a los estados a reprimir ese tipo de
crímenes (Acta Internacional relativo a los Derechos Cívicos y Políticos de
1966, Convención Americana de los Derechos Humanos 1966, Convención de la ONU
sobre la represion de la tortura 1984) muy pocos responsables de las atrocidades
fueron condenados. La mayoría de ellos se benefician de una impunidad otorgada
sin legitimidad popular y llevada a cabo según dos modelos distintos, uno
representado por Bolivia el otro por Argentina.4
En
1991, el Tribunal Permanente de los Pueblos (instancia ética internacional)
sesionó en Bogotá para cumplir con la etapa plenaria del juicio contra la
impunidad. Ese mismo Tribunal no pudo efectuar la sesión de instrucción en
Bolivia porque el gobierno democrático de Jaime Paz Zamora amenazó a sus
miembros con deportarlos si ingresaban al territorio boliviano. Hugo Bánzer
Suarez, Alberto Natuch Busch y Luis García Meza fueron inhabilitados moralmente
por dicho tribunal para participar nuevamente en instancias de gobierno tanto en
su país como en cualquier otro país del mundo. De esta suerte las atrocidades
cometidas durante la dictatura de Bánzer (1971-78) quedaron impune hasta ahora.
En 1980, el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz inició un juicio de
responsabilidad contra Bánzer ante el parlamento boliviano. Tras el golpe
militar de Luis Garcia Meza (17 julio 1980) el proceso judicial quedó
paralizado. Restaurada la democracia (1982) fue imposible continuar con el
juicio. El expediente con todas las pruebas habia desaparecido y Marcelo Quiroga
Santa Cruz habia sido asesinado por los paramilitares que asaltaron el local de
la Central Obrera Boliviana (COB) el primer día del golpe.
El único caso de juicio por responsabilidades que se llogró llevar a cabo fue
contra Luis García Meza y 58 de sus colaboradores. Tantos y tan variados fueron
los intentos por impedir el juicio que la sentencia del 21 de abril 1993
pronunciada por la Corte Suprema de Justicia demoró diez años en salir. Después
de su huida al Brasil el ex-dictator fue trasladado a Bolivia, en tanto que uno
de sus colaboradores se encuentra aún en Chile porque la Corte de ese país
denegó su extradición.
La impunidad es una constante. Se permite la libertad de expresión y las
denuncias de violaciones a los derechos humanos, pero sin embargo la dependencia
de los poderes legislativo y judicial del poder ejecutivo, la sujeción de los
fiscales a la Secretaría de Gobierno, la corrupción en los estratos
judiciales, en definitiva el juego de influencias que maneja el poder, así como
las prácticas de violencia que subsisten en la policía judicial y militar, la
presencia de politicos y militares comprometidos con la dictadura en sitios de
mando, hacen que el país este envuelto en una ola de silencio y que la
impunidad sigua tranquila su camino. De este modo se evita que los hechos sean
esclarecidos y que se juzgue a los responsables.
Son los
asesinos quienes escriben la historia. Que ellos intenten redactar las leyes según
su propia conveniencia, no resulta ya allí muy sorprendente. Así las Leyes de
Autoamnistías Generales de Chile (abril 1978) o de Brasil (agosto 1979 y en
1985) encuentran su justificacion en una lógica interna, pretendiendo
prevenirse contra todo intento de prosecusión de un proceso judicial. Con la
democratización se hubiese tenido el derecho a esperar que la sociedad entera,
analizara retrospectivamente su pasado, por medio del procesamiento a los
instigadores de ese pasado, tan cerca y a la vez tan doloroso, transcendiera su
fractura civil y creara así bases sólidas para su futuro.
Cuando en diciembre 1983 Raúl Alfonsín firmó el decreto 158 que desembocó en
el gran juicio a la Junta Militar en 1985, el respondió a una aspiración legítima
de la sociedad civil entera. El general Videla y el almirante Massera, ambos
hasta ahora confinados en un cuartel, fueron condenados a cárcel de por vida.
Beneficiados por la Ley de Amnistia General y la Ley de Punto Final (22 de
diciembre 1986) ellos quedaron en libertad. De este modo la Argentina pasó a
contar con una nueva serie de textos que atenuaban los efectos de las decisiones
que habian permitido la condena de los miembros de la Junta.
En 1987 el levantamiento de los militares que tambien reclamaban una amnistía
provocó la promulgación de la Ley de Obediencia Debida del 5 de junio 1987.
Considerando que su predecesor no habia hecho todavía bastante, Menem, a su
llegada al poder, firmó amnistías presidenciales interrumpiendo procesos y
dejando en libertad a verdugos responsables de violaciones masivas de los
derechos humanos.
Los primeros intentos de justificación de las leyes de amnistía (olvidar el
pasado para refundar la nación) hacen lugar a un discurso que convalida las
ofensas a los derechos humanos. Así Menem en un discurso del 2 de noviembre
1994, justifica el comportamiento de las Fuerzas Armadas declarando “hemos
triunfado en esa guerra sucia que ha llevado el país al borde de la
desintegración”.5
A nivel internacional esas leyes generaron dos tipos de reacciones: primero el
entusiasmo de los demás países de la región que se apresuraron a adoptar los
mismos modelos de leyes, segundo, la crispación de los estados de la Comunidad
Europea a quien el gobierno argentino impide toda divulgación de información
que pudiera facilitar la búsqueda y la acusación de los asesinos de ciudadanos
europeos durante la dictadura.6
Los
gobiernos ”democráticos” contribuyeron de esta manera a sustentar la idea
de que las violaciones de los derechos humanos (secuestros, torturas...) son crímenes
no punibles en un estado de derecho. Un Estado que se concibe a si mismo como
democrático priva a sus ciudadanos del democrático derecho a la justicia que
se les corresponde.
Protegidos por el dispositivo de la impunidad varios responsables de atentar
contra los derechos humanos se presentan a elecciones, varios fueron elegidos y
ocupan cargos públicos, la apoteosis fue la elección de Bánzer. La
consecuencia más directa es un discrédito de la democracia como sistema justo.
Y a un nivel mucho más humano las victimas directas de esas violaciones siguen
viviendo con el trauma de sus recuerdos, al cual se añade la violación de uno
de sus derechos, el más basico que como a ser humano le corresponde: tener
justicia.
Brice Calsapeú
1 En Venezuela los electores podrán elegir para las elecciones
presidenciales de diciembre 1997 entre el ex-líder golpista Hugo Chavez, e
Irene Saez Miss Universo 1981.
2 El caso del general Pinochet es quizás la mejor ilustración de lo
que señalamos. Cf. el articulo sobre el Honduras en Taz., 27 de noviembre 1997.
3 Ver los casos de gatillo fácil en Argentina.
4 Solamente en el Uruguay la ley de Amnistía fue sometida a un referéndum
de iniciativa popular y aprobada con el 57,3 % de los votos.
5 Esto es, por otra parte la tesis de la guerra sostenida por los
militares durante el gran juicio a las Juntas. Pero las Fuerzas Armadas
Argentinas olvidaron la Convención de Ginebra de 1949, y su ”subversivo”
articulo 3 sobre el (bien) tratamiento de los presos de guerra.
6 Cf. el artículo de Adolfo Pérez Esquivel, ”Des bourreaux et de
leur impunité.” in: Le monde diplomatique, enero 1997. Pinochet tiene en esto
sentido menos suerte. El magistrado español García Castellón cuenta con la
colaboración de la ministra de Justicia de los Estados Unidos quien hizo
levantar la desclasificación de documentos de los archivos de la CIA y del FBI.
7 Consultar los resultados del seminario internacional ”Impunidad y
sus efectos en los procesos democráticos”, Santiago de Chile, 14 de diciembre
1996.