Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
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DECLARACIÓN PÚBLICA

Respecto a la resolución adoptada por el Pleno de la Corte Suprema el día 20 del presente, que designa jueces en causas por violaciones a los derechos humanos, la agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, declara:

1. La Resolución de la Corte Suprema no responde a la solicitud de nuestra organización, en términos de designación de jueces con dedicación exclusiva para causas de violaciones a los derechos humanos que se encuentran en tramitación o sobreseídas temporalmente, así como los casos consignados en el Informe de las Fuerzas  Armadas, tanto por el número de las causas como por las distintas características del trabajo que realizarán los jueces, ya que sólo 9 de estos tendrán dedicación exclusiva y 51 dedicación preferente, siendo esta última designación de una vaguedad que no permitirá un avance significativo, concreto, con resultados efectivos, que nos lleven al esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.

2. Aunque aparentemente el plazo de 3 meses sería prorrogable, no es difícil interpretar la definición de este período como una posibilidad cierta de cierre de las causas, ya que además se agrega la posibilidad de “término anticipado, según lo aconseje el curso de la investigación”. Considerando que la experiencia nos ha indicado falta de probidad, voluntad y sentido de justicia por parte de jueces y magistrados, nos es dable considerar que se reproduzca una conducta similar y los casos sean cerrados sin las premisas básicas de una investigación judicial, prolongando así nuestro dolor.

3. No nos extraña la prevención realizada por el Ministro Servando Jordán, pero resulta del todo inaceptable, qy que el paso del tiempo sin resultados concretos obedece precisamente a la falta de ética de Ministros que como él, en su momento y a pesar de los múltiples y reiterados requerimientos de los familiares de las víctimas, de organismos de Derechos Humanos, de la Iglesia Católica, y que inexcusablemente no cumplieron con su deber, su rol y su trabajo. Le recordamos en esta ocasión que él debió: investigar, determinar el delito y sancionar a los responsables en el tiempo en que recibió todos los antecedentes pertinentes para hacerlo.

4. Pretender hacer creer a todo un país que los crímenes masivos, sistemáticos y de Estado, se diluyen en el tiempo es una falacia. No sólo no se diluyen, sino que están más presentes que nunca en la conciencia de todos los seres humanos con el corazón bien puesto y con la conciencia clara, quienes no aceptarán jamás la indiferencia, el relativismo moral, la falta de voluntad política y la impunidad como solución a los crímenes de lesa humanidad. La justicia tiene la obligación de cumplir el rol abandonado por tantos años, la posibilidad de reivindicarse ante la historia y de asumir que si permiten que la tortura, los asesinatos y desapariciones ocurridas durante la dictadura militar, sean hechos considerados como propios de un período, estarán contribuyendo a la degradación moral y social de nuestro país.

5. El nombramiento de estos jueces ha tardado cinco meses desde el momento en que el país conoció, estremeciéndose, el informe emanado de las Fuerzas Armadas. Hoy nos preguntamos por todos nuestros familiares que aparecen como lanzados al mar, por los más de 800 casos sobre los cuales nada se dice y nadie se hace responsable. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para que seriamente se adopten las medidas conducentes al esclarecimiento total de los hechos? No podemos negar nuestra frustración ante una resolución que nos empieza a parecer una burla.

AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS

Santiago, 22 de junio de 2001