AGUAS DEL ILLIMANI
Y RESISTENCIA SOCIAL
Carlos Crespo
Flores
CESU – UMSS
INTRODUCION
Tanto desde el gobierno, la
cooperación internacional, como del sector privado, existe una valoración
absolutamente positiva de la concesión de La Paz, por su enfoque orientado a
los pobres (“pro poor”) y el cumplimiento de las metas fijadas (Nickson, 2001).
Durante una de las negociaciones
de los regantes con el Viceministerio de Servicios respecto a los reglamentos
de la modificada Ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, este año, un
funcionario de ese organismo estatal, al defender la participación privada en
el sector afirmaba que la concesión de La Paz era un éxito por haber logrado
objetivos de cobertura más allá de lo esperado[1].
El Banco Mundial considera que el
sistema condominial, implementado en la ciudad de El Alto permite reducir
costos y beneficiar por tanto a los sectores más pobres (Foster, 2001)
Dos años después de la concesión,
el entonces gerente de Aguas del Illimani (AISA) remarcaba que “los principales
beneficiarios del ingreso de un operador privado en el sector son los estratos
sociales más necesitados y con menor capacidad económica" (LR 10/II/99). Y
el 2002, el nuevo gerente, Arnaud Bazire, al evaluar la gestión de AISA
señalaba que “el objetivo era demostrar que la Lyonnaise des Eaux puede también
ocuparse de zonas difíciles” (cit. por Poupeau 2002).
En
un boletín de Suez se exalta la capacidad de su filial de haber integrado zonas
peri-urbanas pobres, a través de una alianza con el municipio, ONGs y los
barrios, utilizando tecnologías novedosas, como el sistema condominial,
facilidades crediticias, contribuyendo de esta manera al desarrollo económico y
social de las zonas y la protección ambiental (Mathys, n/n).
Por su parte, según la revista boliviana
Nueva Economía, AISA aparece entre las
empresas que vencieron la crisis, por su capacidad de inversión en servicios,
bienes no transables, por su
rentabilidad estable y segura (subrayado nuestro), hecho reconocido por
Carbonnel de AISA[2], además de
optimizar gastos operativos, intensificación el uso de tecnología, reducción de
personal, maximizar el uso de recursos materiales, en suma implementar modernos
sistemas de administración y gestión empresarial (Nueva Economía, 14 al 20 de
agosto 2000).
Pero, desde la percepción de los
usuarios y organizaciones sociales, particularmente de la ciudad de El Alto, la
imagen es diferente.
En febrero del 2003 las oficinas
de AISA en El Alto fueron quemadas por la multitud, en el contexto de la
revuelta contra el denominado “impuestazo” del gobierno de Sánchez de Lozada.
Este hecho se explica por la pésima opinión de los usuarios:
"AISA llegó
al país para ganar dinero en perjuicio de las economías de los ciudadanos
y la Superintendencia del sector no hace nada por frenar a la empresa privada y
velas por los consumidores…" (Ernesto Mostacedo, usuario de AISA) (LR
8/IV/98)
Organizacione cívicas y laborales de El Alto pedirán
la modificación del contrato e concesión "porque es atentatorio a la
economía de los paceños y alteños", dijo presidente de FEJUVE Elias
Troche (P 9/VI/98)
La pregunta que surge, por tanto
es: realmente Aguas del Illimani representa el ejemplo de una concesión
pro-poor?[3].
En este trabajo trataremos de responder a esta pregunta y mostrar el movimiento
de resistencia emergente en estos ocho años de concesión, como parte del
movimiento nacional del agua.
El documento ha sido elaborado en
el marco del proyecto Observatorio de Conflictos Sociales, financiado por OXFAM
GB, y una investigación sobre el movimiento nacional del agua luego de la
“Guerra del Agua” de Cochabamba, auspiciada por IDRC Canadá, a través del
Programa Conflictos y Colaboración de la Universidad de La Paz (Costa Rica), a
quienes agradezco su apoyo.
1. PROCESO DE CONCESIÓN DE SAMAPA
Durante el primer aniversario de
la concesión, el entonces gerente de AISA, Alain Carbonel, justificaba la
transferencia señalando que "hacia el final de su existencia, la empresa
de propiedad municipal (SAMAPA) dejó de ser sujeto de crédito para los
organismos internacionales de cooperación y la tendencia actual de la economía
considera que los servicios no deben ser administrados por el Estado, sino por
la iniciativa privada" (LR 6/VIII/98). Pero, en verdad la concesión se
explica en el contexto del nuevo modelo económico.
Un informe del Banco Mundial del
29/V/97, previo a la concesión (Documento de la supervisión del crédito
2187-BO), si bien reconocía que "en términos generales, los indicadores
señalan buen desempeño de SAMAPA, pero la misión considera que es resultado de
la inercia en el desempeño y no refleja una buena gestión" (LR 15/V/98).
Por tanto se recomendaba la transferencia al sector privado. Veamos los
antecedentes.
La Conferencia Mundial del Agua
de 1992 aprobó nuevas orientaciones en la gestión del agua, entre ellas la
participación privada en la distribución de agua potable. En 1993, Gonzalo
Sánchez de Lozada fue elegido presidente e inició la implementación de la
llamada “segunda generación de reformas estructurales”, incluida la
institucionalización de la economía de mercado y la privatización de empresas
de servicios públicos[4].
Una de las decisiones más
importantes fue la aprobación de la Ley del sistema de Regulación Sectorial
(SIRESE), para regular, controlar varios sectores de la economía, entre ellos
el agua (Gaceta Oficial de Bolivia,
1994a:1), como parte de un nuevo rol del Estado asignado por el Ajuste
estructural: dejar de participar directamente en actividades productivas y
configurar un rol regulador. De esta manera se constituyó un nuevo marco
regulatorio para los sectores a ser privatizados, incluyendo el agua.
El sistema regulatorio del agua
fue creado en 1997, bajo la figura jurídica de la Superintendencia de Aguas
(posteriormente se transformaría en la Superintendencia de Agua y Saneamiento
Básico), previo a la concesión de La Paz-El Alto (Superintendencia General, 1997: 17).
Complementariamente, se
implementó una política de fortalecimiento institucional de las tres empresas
de agua más importantes del país, a ser privatizadas, con financiamiento del
Banco Mundial; el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de La Paz
(SAMAPA) recibió $US 490,000, con el propósito de mejorar la capacidad
institucional de la empresa, y transferir al sector privado una empresa saneada
y eficiente.
En 1997, se aprueba, mediante DS
24719 (22/VII/97), el Reglamento de Organización Institucional de las
Concesiones del Sector Aguas, para facilitar el proceso paceño.
La concesión según el Censo del
2001, las ciudades de La Paz-El Alto (ver mapa 1) cuentan con 1443251
habitantes, de los cuales 793,293 corresponden a la ciudad de La Paz y 649,958
a El Alto (http://www.ine.gov.bo).
Mapa 1: Mapa del
Departamento de La Paz
En Julio
de 1997, el gobierno boliviano otorgó la concesión para operar y expandir los
servicios de agua potable y saneamiento en ambas ciudades, al consorcio Aguas
del Illimani, liderizado
por Lyonnaise des Eaux (Komives, 1999:3). La concesión tiene una duración de 30
años, con un volumen de aprovechamiento de 4875 litros/segundo. Los objetivos
para el periodo 1998-2001 incluían la expansión de la red doméstica con
78,252 nuevas conexiones (Floréz and Solon, 2001:12), particularmente en áreas
periféricas. Para ganar la concesión, Aguas del Illimani se comprometió a
extender la red de agua potable virtualmente a todas las viviendas no
conectadas, hasta diciembre del 2001; asimismo, aceptó una expansión gradual
del alcantarillado, hasta lograr el 90% de cobertura para el 2021 (Komives, 1999:3).
Nuestro argumento es que el
proceso de concesión de SAMAPA hacia Aguas del Illimani (AISA) no fue un
proceso transparente, además que vulneró normas y marcos jurídicos del país.
Veamos los puntos críticos:
Luego de la presentación de
ofertas, el 26/06/97, hubo transgresiones a las bases de la licitación,
alteraciones que producen daño económico; asimismo se observaron actos anómalos
en el trámite mismo del proceso de adjudicación. De hecho, entre el 26/06/97 y
el 24/07/97 se introdujeron cambios en la redacción de la versión final de los
contratos, modificando aquella que fue adjuntada a la propuesta del
concesionario y que debió permanecer inalterable; dichos cambios no están
amparados legalmente. (SAMAPA Residual 2000:iv)
El DS 24573 autorizaba a SAMAPA llevar a cabo el proceso de
participación privada en el servicio, pero el Ministerio de Capitalización
debía realizar todos los actos y contrataciones de servicios necesarios (como
asesores financieros). Asimismo, debía realizar consultas, establecer salas de
datos, organizar visitas, etc, de acuerdo a las Normas Básicas del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios y la reglamentación específica para
procesos de capitalización. Dicha disposición fue derogada por el DS 24663, estableciéndose que la
licitación se regiría por los términos de referencia, las normas de
procedimiento referente a procesos de licitación y supletoriamente por las
normas Básicas mencionadas. (SAMAPA Residual 20000:2).
Asimismo, el Ministerio de
Capitalización debía establecer una comisión calificadora, presidida por el
ministro sin cartera responsable de Capitalización, y conformada por el
Secretario Nacional de Capitalización e Inversión (que actuaría como
secretario) y por lo menos dos vocales, designados por resolución ministerial;
resultado de la licitación internacional, esta comisión debía emitir el informe
de recomendación dirigido al Superintendente de Aguas, quien otorgaría las
concesiones mediante Resolución Administrativa y a nombre del Estado, en
conformidad al art. 11 de Ley SIRESE.
Esta disposición también fue
derogada por el DS 24663, encomendándose al Ministerio de de Capitalización el
ajuste o modificación de los proyectos de contrato de concesión y de régimen de
bienes con el fin de optimizar el proceso de licitación y las concesiones.
(SAMAPA Residual 20000:2). De esta manera se abrió la posibilidad de que la
licitación pueda continuar en todas sus fases aún en el caso de existir una
sola propuesta siempre y cuando la misma cumpla con los requisitos establecidos
en los términos de referencia (SAMAPA Residual 20000:3). Los proyectos de
contratos para las concesiones, así como régimen de bienes, los términos de
referencia podía ser ajustados, modificados o enmendados por el ministerio de
capitalización, para optimizar proceso de licitación y concesiones.
El DS 24663 que establece ajuste a los procedimientos de licitación
pública internacional para la participación privada, fue emitido el 21/6/97, y
publicado en la Gaceta Oficial No 2008 el 23/VI/97, con anticipación de solo 3
días a la presentación de ofertas, que se llevaría a cabo el 26/VI/97 (SAMAPA Residual 20000:3).
Indudablemente los cambios al DS 24573, introducidos mediante el DS 24663, al otorgar al ministerio
de capitalización facultades para cambiar las reglas de juego, alteraron esencialmente las condiciones de
licitación (previa y oportunamente establecidas) así como los términos de
referencia, quitando transparencia al proceso
Más aún, el 30/VI/97 el Superintendente
de Aguas, nombrado ese día mediante RS No 217089, resolvió adjudicar a favor
del único proponente AISA, a través de la RS No 01/97. (SAMAPA Residual
20000:4). El Sistema de Administración de Bienes y Servicios, para el sector
público, puesto en vigencia mediante RS
216145, sobre presentación de ofertas dice que “…en caso de existir menos
de tres propuestas en la primera convocatoria, la comisión suspenderá el acto y
recomendará a la máxima autoridad ejecutiva que la declare desierta”. Pero, pocos días antes del acto de
apertura, mediante el DS 24663, que
no forma parte del marco legal, se procedió con una sola propuesta, vulnerando
el marco jurídico básico de la licitación, los términos de referencia y el
propio pliego de condiciones. Frente al hecho debía haberse concluido y
autorizar una nueva convocatoria. (SAMAPA Residual, 2000: 18).
Del proceso no participaron
SAMAPA ni el gobierno municipal; el municipio no fue parte contractual de
ninguno de los contratos y sólo a través de SAMAPA Residual (por el contrato de
régimen de bienes) (SAMAPA Residual 2000:viii). Es decir, los actores o
“stakeholders” más interesados en el tema fueron excluidos de la licitación y
decisiones estratégicas, centralizándose todas las decisiones en el Ministerio
de Capitalización, donde se elaboraron todas las reglas del juego para la
concesión. La convocatoria
a la concesión se realizó en base a un estudio realizado por el Banque Paribas
(Francia), bajo el seguimiento de la Superintendencia de Aguas (creada un mes
antes a la concesión), por tanto no hubo posibilidad de analizar los términos
de referencia y promover una discusión pública, como se esperaría de un proceso
transparente en una sociedad democrática.
Pero, analicemos aspectos
concretos del contrato y sus resultados
2. LA COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD Y ESTRUCTURAS DE PODER
El gráfico siguiente muestra las
transformaciones que ha sufrido la sociedad de AISA, desde el momento de la
concesión hasta hoy.
CUADRO 1
CAMBIOS EN LA
SOCIEDAD DE AGUAS DEL ILLIMANI
|
Sociedad Original (1997) |
Sociedad Modificada (2001) |
||
|
Empresa o Sector |
% |
Empresa o Sector |
% |
|
Lyonnaise des Eaux
(France) |
35 |
Lyonnaise des Eaux (hoy llamada Ondina) |
54 (*) |
|
Sociedad Comercial del Plata (Argentina) |
18 |
Bolivian Investment Corporation (BICSA) |
22 |
|
Bolivian Investment Corporation (BICSA) |
20 |
Inversora en Servicios S.A. |
9 |
|
Meller S.A. (Argentina) |
12 |
CONNAL S.A. |
5 |
|
Consultora Nacional (CONNAL S.R.L. Boliviana) |
5 |
Trabajadores de Aguas del Illimani (c/ más de dos años
de antigüedad) |
2 (*) |
|
Arousa (filial del Banco de Galicia en Argentina) |
10 |
International Finance Corporation (IFC) |
8 |
|
TOTAL |
100 |
TOTAL |
100 |
Fuentes: Superintendencia de
Aguas, 1997: Anexo 8.
La Prensa 9-III-01
(*) Una presentación de AISA el 2004, señala que las acciones Suez son del
55% y los trabajadores solo el 1% (Aguas del Illimani 2004).
Hay cuatro temas que interesan
analizar del cuadro; primero, el poder de Lyonnaise des Eaux como socio
mayoritario, segundo la participación del Banco Mundial, a través de uno de sus
grupos financieros (IFC), tercero la participación del Banco Mercantil y sus
relaciones con el sistema político, y cuarto las acciones de los trabajadores.
2.1. Lyonnaise des Eaux: poder mundial del sector agua
Suez-Lyonnaise des Eaux, junto
con Vivendi son las dos grandes multinacionales francesas que dominan cerca del
40% del mercado mundial actual de agua y venden sus servicios a más de 110
millones de personas cada una, la primera en 100 países, la segunda en 130
(Poupeau, 2002). Al margen del agua, Suez tiene inversiones Suez en energía,
residuos, además de medios de comunicación (incluyendo canales de TV y
telecomunicaciones en Francia; aún mantiene un sector de construcción (Hall,
1999). Las ganancias totales de Suez el
año 2003 alcanzaron 39,622 millones de Euros (Suez 2003.32). En suma estamos
hablando de una de las multinacionales del agua más poderosas en el mundo.
Al inicio de la concesión,
oficialmente tenía solo el 35% de las acciones, aunque Arousa como filial del argentino
Banco Galicia, es socio de Suez en Aguas Argentinas, es decir, hacen negocios
juntos. Para el 2001, Suez aparece con el 54% de las acciones, probablemente
producto de haber adquirido acciones de Arousa, el holding argentino Sociedad
Comercial del Plata (Argentina) y Meller, que ya no aparecen en la nueva
constitución societal.
2.2. El Banco Mundial Socio
de Aguas del Illimani; sus Implicaciones y Riesgos
El monto total de la inversión para el
primer quinquenio alcanzaba a $US 68 millones, incluyendo $US 40 millones de
deuda. Los préstamos provinieron de tres fuentes: el BID aportó con $US 15
millones, $US 10 millones de la CAF y $US 15 millones del International
Finance Corporation (IFC) (IDB 1998; IDB 1998a). Interesa hacer mayor referencia de esta última fuente.
En marzo de
1999, el IFC aceptó invertir un total de $US 16 millones en AISA, como parte
del apoyo del Banco Mundial al Plan Nacional del gobierno de Bolivia. El financiamiento consistía en un
préstamo de 15 millones de $US de los fondos de IFC y una inversión de 1 millón
de $US en el capital de Aguas del Illimani[5].
Al momento de anunciarlo, Mr. Declan Duff, funcionario de IFC destacó el papel
vital del sector privado en la futura provisión de infraestructura en Bolivia,
señalando que concesiones como la de AISA, constituyen la forma más efectiva de
alcanzar los beneficios de la eficiencia del sector privado (http://wbln0018.worldbank.org/ifcext/lacweb.nsf).
Corolorario de lo anterior, a
principios del 2001 se anunció públicamente que el Banco Mundial, a través de
su entidad International Finance Corporation (IFC) se constituía como socia de
la empresa Aguas del Illimani (El Deber, 4-IV-01), a partir de un préstamo que
le permite acceder al 8% del capital social de la empresa paceña (La Prensa
9-III-01).
En Bolivia es la primera vez que
se implementa esta experiencia de inversión directa en el sector agua potable,
por parte del IFC; en América Latina el IFC ha realizado inversiones en Aguas
Argentinas, la compañía concesionaria en Buenos Aires, donde posee el 5% de las
acciones.
2.3. Implicaciones y
riesgos de la participación del IFC en AISA
El Banco Mundial es una de las
más grandes fuentes de apoyo al desarrollo (www.worldbank.com), para ello cuenta con
estrategias de lucha contra la pobreza, a nivel global y de los países, y
ofrece una amplia gama de productos y servicios, como asistencia financiera,
asesoramiento, análisis, fortalecimiento de capacidades, evaluación, producción
de información; entre los ámbitos de acción del Banco Mundial se halla el apoyo
y fortalecimiento del sector privado (www.worldbank.com), y el IFC cumple una
labor fundamental en este proceso.
Porque el IFC se involucra directamente como socio en un consorcio privado? Fundamentalmente para dar buenas señales a las compañias inversionistas y brindarles un nivel de seguridad de sus propias inversiones; una suerte de “sello de aprobación” en países considerados de riesgo (K. Bakker, comunicación personal). Este aspecto es fundamental pues la participación del IFC, como socio de Aguas del Illimani se oficializa en abril del 2001, es decir luego de la “Guerra del Agua” de Cochabamba. Con el conflicto, tanto el gobierno boliviano como la cooperación internacional habían mostrado su preocupación por el posible alejamiento de la inversión extranjera en el país, debido al temor a revueltas como la de Cochabamba[6].
Pero este hecho tiene
implicaciones y riesgos, que deben ser mencionados.
-
Desde
principios de los 90s, El Banco Mundial asesoró al gobierno de Bolivia en el
diseño e implementación de políticas hídricas y de saneamiento básico
orientadas a la transferencia del recurso y sus servicios al sector privado:
asesoró al gobierno en el fortalecimiento del perfil institucional del sector,
contrató consultores en la elaboración de planes nacionales, concedió préstamos
para el fortalecimiento de las empresas de agua más importantes del país (La
Paz, Cochabamba, Santa Cruz), apoyó la creación de la Superintendencia de
Aguas, y culminó con la formulación de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado
Sanitario (No 2029), más aún, financió el proceso de licitación en La Paz (LR
14-I-97); en suma, el Banco Mundial orientó y participó en la elaboración de
las reglas del juego para la privatización del agua y sus servicios, en Bolivia
(Crespo, 2003). Pero, al mismo tiempo, a través del IFC, el Banco participa como actor del sector privado.
-
Existe
el riesgo de pérdida de la independencia que debe caracterizar a un organismo
multilateral como es el Banco Mundial. Se espera que el Banco pueda impulsar la
articulación de los diversos stakeholders involucrados en la problemática del
agua potable, y promover la construcción de consensos para una gestión sustentable
y eficiente, pero si actúa como sujeto privado, la imagen de independencia
desaparece, pues estaría parcializándose con uno de los stakeholders.
-
Como
podría el Banco Mundial evaluar imparcialmente el grado de aplicación del
enfoque pro-poor por parte de la empresa Aguas del Illimani, si al mismo tiempo
es ejecutor de la estrategia? Producto de esta situación se vislumbra un
conflicto de intereses.
-
En
una situación de rescisión de contrato, como se planteó en Cochabamba, con el
consorcio Aguas del Tunari, donde uno de los organismos de resolución de
conflictos propuestos es el Tribunal de Conciliación del Banco Mundial, como
podría este organismo realizar un juicio imparcial, si al mismo tiempo un
organismo dependiente de la misma institución es parte del conflicto, al tener
intereses en la compañía?
-
La
participación del Banco Mundial como socio de Aguas del illimani, puede generar
susceptibilidad y desconfianza de los usuarios y otros sectores críticos a la
privatización, quienes podrían poner un signo de interrogación a la
“accountability” o transparencia del proceso de transferencia del agua potable
al sector privado.
-
Esta
intervención directa por parte de una agencia del Banco Mundial, como
inversionista directo, para proteger la inversión privada, sienta un peligroso
precedente para otros lugares, al transformar las particulares circunstancias
de la concesión, en experiencia ejemplar exitosa. Además, la aplicación de esta
práctica en un contexto, sea o no de riesgo, contradice la retórica
supuestamente no intervencionista del neoliberalismo.
2.4. El Banco Mercantil y AISA
No tenemos evidencias de la
existencia de una participación del Banco Mercantil en AISA, a través de uno de
los socios bolivianos[7],
pero se sabe que el vicepresidente del Banco Mercantil es Julio Germán Zuazo (http://www.bancomercantil.com.bo/),
quien también funge como uno de los directores de Aguas del Illimani (Solíz
Rada, 2003). Por su parte, Jorge Quiroga Luizaga, padre del ex-presidente Jorge
Quiroga, director del Banco Mercantil, estaría relacionado con la empresa
Los trabajadores socios?
Los trabajadores tienen una
participación del 1% de las acciones (según datos del 2004). Esta medida está
orientada a dar la imagen de un capitalismo moderno, donde los trabajadores
también son protagonistas de la gestión. Pero, con el 1% que capacidad de
decisión tienen?. Como veremos luego, a pesar de la promesa de AISA, al inicio
de la concesión, de no despedir ningún empleado de los 600 que entonces tenía
(26-VII-97), en noviembre del 2000 se tiene registro del despido de 94
trabajadores, hecho que generó un conflicto social.
3. CONCESIÓN INCLUYE FUENTES DE
AGUA
La concesión incluye el
“aprovechamiento de aguas” (numeral 2.2.), además de la prestación del servicio
en el Área de concesión. Pero más aún, la concesión es de las cuencas, y no de
fuentes específicas (anexo 4), donde se establecen aportes y caudales.
Además, la concesión autoriza al
concesionario el aprovechamiento de “futuras fuentes que podrá solicitar...”
(2.2.1.). El numeral 12 establece que AISA "debe tomar las medidas
necesarias...para la obtención de nuevos cuerpos de agua naturales o artificiales,
vertientes, pozos surgentes o no, napas
subterráneas, o cualquier otro recurso de Agua Cruda que sean necesarios para
cubrir la ampliación del servicio y para mantener las nuevas necesidades que
surjan en el futuro...”.
Primero, Se asume que estas fuentes
no tienen dueños ni derechos de uso. La experiencia de Cochabamba mostró la
importancia de respetar los "usos y costumbres" existentes en estas
cuencas y fuentes. Segundo, al brindar la posibilidad de explotar los recursos
hídricos de fuentes, muchas de ellas provenientes de glaciares, esta
promoviéndose una gestión no sustentable del recurso; esto es grave si tomamos
en cuenta que los glaciares de la zona andina están desapareciendo (Forero,
2002); en La Paz y El Alto, se calcula que la próxima década la demanda de agua
se incrementará en un 20%. Sin los glaciares el ciclo natural del agua será
interrumpido, pues los glaciares surten agua en época seca y colectan agua en
la época lluviosa, generándose por tanto escenarios de conflicto por acceso y
uso del recurso, con las comunidades campesinas. Tercero, Si bien el punto 4.2.
del contrato establece que el concesionario debe limitar sus actividades
estrictamente a la prestación del servicio y actividades conexas al mismo”,
estas deben sujetarse a las autorizaciones establecidas en el numeral 2.2.,
esto incluye “la venta de agua en bloque a terceros dentro y fuera del área de
concesión, cuando no exista otro concesionario... (pero también cuando lo
haya)” (2.2.10). Adicionalmente, se conoce de la existencia de una Resolución
de la Superintendencia, autorizando a AISA la venta de agua cruda. Cuarto, como
señala una evaluación realizada por SAMAPA Residual[8],
si tomamos en cuenta que las ocho fuentes de abastecimiento concesionadas, son
propiedad temporal del concesionario mientras dure la concesión, estaría
contradiciendo el Art. 136 de la Constitución Política del estado (CPE), que
establece el dominio originario del Estado sobre los recursos (SAMAPA Residual,
2000) .
4. COBERTURAS
Llama la atención la ausencia de
prescripciones que establezcan el acceso obligatorio de la cobertura en zonas
pobres, considerado uno de los principales problemas en La Paz y El Alto (SAMAPA
Residual 2000:vii). Una concesión “pro poor” debía realizar una “discriminación
positiva”, priorizando la ampliación de la red hacia las zonas más deprimidas y
pobres de ambas ciudades.
El Cuadro 2 muestra un detalle de las coberturas
actuales en las ciudades de La Paz y El Alto
Cuadro 2:
2004: Coberturas de Agua Potable
y alcantarillado
en las ciudades de La Paz y El
Alto
|
|
La Paz |
El
Alto |
|
Agua
potable |
|
|
|
1997 |
92 |
82 |
|
2001 |
100 |
100 |
|
2003 |
100 |
100 |
|
Alcantarillado |
|
|
|
1997 |
72 |
36 |
|
2001 |
88 |
54 |
|
2003 |
91 |
61 |
Fuente: AISA 2004.
Para el 2001 se estableció una
cobertura de 82% y 41% en agua potable y alcantarillado respectivamente; en los
hechos AISA logró una cobertura de 97,55 en agua y 52,48 en alcantarillado,
dentro el área de la concesión, superando las metas fijadas por el contrato.
Más aún, tal como reporta el gráfico, ya habría 100% de cobertura de agua
potable en ambas ciudades.
En los hechos la realidad es más
compleja de la que afirma AISA, pues los datos difundidos por AISA y la
Superintendencia son del área servida,
y no del área de concesión.
El área de concesión se refiere
al área geográfica donde el concesionario prestará el servicio (Clasula I.
Definiciones), de acuerdo al contrato, esto es los municipios de La Paz y El
Alto, cuyos límites están definidos por la Ley de Participación Popular (Anexo
3). Por su parte, el Area Servida son aquellas áreas dentro de los límites
geográficos del Area de Concesión, servidas originalmente por SAMAPA o
incluidas en las metas de expansión producto de negociaciones con la
Superintendencia (cláusula I. Definiciones). Si esto es así, AISA debiera
construir sus porcentajes de cobertura del área de concesión.
Mapa 2:
Área de Concesión
La Paz El Alto
Fuente: http://www.sisab.gov.bo/gis_intermedio.php?gis=aisa
El mapa de arriba muestra el área
de concesión, según SABSA, que no coincide con los límites de los municipios de
La Paz y El Alto. El problema es que el Área Servida es menor al Área de
Concesión. AISA se niega a prestar servicio fuera del Área de Servicio, excepto
si los vecinos cubren todos los costos o existe un financiamiento externo. Significa
que estos barrios solo tienen agua si pagan el costo total de la instalación,
incluyendo tubería madre y acometidas. En el caso de El Alto esto es grave,
pues su rápido crecimiento, disperso y escasamente planificado, ha producido
asentamientos humanos en muchos casos sin reconocimiento del municipio[9].
Por tanto, las cifras de cobertura optimistas presentadas por AISA, por lo
menos para el caso de El Alto, son del Área de Servicio y no del Área de
Cobertura.
Ignorando los términos del
contrato, AISA, a través del socio mayoritario Suez, afirma que las áreas
peri-urbanas se hallan fuera de sus obligaciones contractuales, pero que su
desafío es integrar estos asentamientos, ubicados fuera de los límites de la
concesión y proveerles el mismo nivel de servicio que las áreas convencionales
(Mathys, n/n). Esta afirmación es falsa, pues las llamadas “áreas peri-urbanas”
se hallan dentro el área de la concesión, aunque obviamente no dentro del área
actualmente servida. Cuyo resumen se presentan en los cuadros siguientes.
Cuadro 3:
CONEXIONES
DOMESTICAS AGUA POTABLE (al 2006)
|
|
Cobertura
2006 (%) |
Densificación |
Expansión |
Diferencia
(en %) |
|
Achachicala |
100 |
1527 |
0 |
100-0 |
|
Pampahasi |
100 |
4346 |
1658 |
72-28 |
|
El Alto |
100 |
21001 |
5327 |
80-20 |
|
TOTAL |
|
26874 |
6985 |
79-21 |
Cuadro 4
CONEXIONES DOMESTICAS ALCANTARILLADO
(al 2006)
|
|
Cobertura
2006 (%) |
Densificación |
Expansión |
Diferencia
(en %) |
|
Achachicala |
100 |
1050 |
0 |
100-0 |
|
Pampahasi |
85 |
2900 |
1707 |
63-37 |
|
El Alto |
56 |
6500 |
7321 |
47-53 |
|
TOTAL |
|
10450 |
9028 |
54-46 |
Tres aspectos a destacar de este
punto:
-
En
agua potable se habla de un 100% de cobertura al 2006, incluyendo El Alto, y
hasta 56% en alcantarillado en esta ciudad. Para El Alto es una cobertura que
sobrepasaria lo establecido en el contrato (85% en agua y 43% en
alcantarillado), pero la resolución no especifica el área geográfica de esta
expansión, si el área de servicio o el área de la concesión, tema ampliamente
discutido entre los municipios, la superintendencia y la empresa.
-
La
mayor parte de las metas de expansión establecidas por la Resolución de SABSA,
excepto para el caso de alcantarillado en El Alto, se concentran en densificación antes que en expansión geográfica
(en total 79% en agua y 54% en alcantarillado). Esto quiere decir que la mayor
actividad se concentrará en realizar conexiones en areas actualmente servidas
por AISA, seguramente con baja densidad, antes que en ampliar hacia nuevas
zonas; las zonas más pobres de La Paz y El Alto, considerados consumidores de
“alto riesgo” por su bajo consumo, no constituyen una prioridad para estas
metas de expansión.
-
El
Banco Mundial considera la implementación de los sistemas condominiales de El
Alto, como una solución técnica y económica que favorece a los pobres (Programa
de Agua y Saneamiento, 2000), pero se han evidenciado muchas críticas a su
viabilidad social y técnica, por parte de los barrios beneficiados y
organizaciones vecinales y barriales (Laurie y Crespo 2002). A pesar de ello, existe
mucho interés en la empresa y la Superintendencia por ampliar esta experiencia
piloto, para ser introducida como parte de las metas de expansión en el nuevo
quinquenio.
-
El
tema de densificación no esta establecido en el contrato, pues se asume que las
zonas donde hay cobertura total, la densificación es parte del servicio normal
y no forma parte de las metas de expansión.
5. TARIFAS
La evaluación encomendada a
SAMAPA residual demostró que hubo una sobrevaluación en las tarifas cobradas
por AISA, respecto a las aprobadas para SAMAPA en Mayo del 97, cercanas al 20%
en exceso (SAMAPA Residual, 2000:v), es decir una porción de la tarifa
calculada en el Estudio de Mejoramiento Tarifario, elaborado por Uzin el año
1996 estaba destinada a la remuneración por los activos de SAMAPA y ahora es
parte componente de los ingresos anuales de AISA. Veamos como funcionó la
lógica de la sobreganancia para AISA.
- La cláusula décima del
contrato, no especifica que las tarifas
otorgadas a AISA se basaban un estudio tarifario efectuado por SAMAPA en 1996,
el “Estudio de Mejoramiento Tarifario”, elaborada por el Ing Uzin; tampoco se
aclara que una significativa porción de dichas tarifas (por su concepción de
cálculo) correspondían al justo pago por la inversión previamente realizada por
SAMAPA en la constitución de los activos fijos a ser arrendados al
concesionario, y al incluirlos como base de la licitación se añade una ganancia
adicional a favor del concesionario. DE esta manera, se vulneró el principio de
transparencia de las tarifas (SAMAPA
Residual 20000:6).
- Si bien AISA paga un canon de
arrendamiento, la magnitud de este no se aproxima al monto percibido por
concepto de la “tarifa por los activos de SAMAPA” (componente básico de la
tarifa calculada por Uzin el 96), pues AISA solo pagó 3.5 millones de $US
anuales, habiendo percibido por las “tarifas por los activos de SAMAPA” más de
$US 8.5 millones. Este canon de arrendamiento ira disminuyendo paulatinamente
durante los primeros 20 años de la concesión (a medida que cada año se vaya
amortizando la deuda externa de SAMAPA) y el ingreso por tarifa de servicios de
SAMAPA irá en aumento (según aumente la demanda de AAPP), favoreciendo a AISA,
perjudicando al usuario y AISA. (SAMAPA Residual 20000:6).
Más aún, la mencionada tarifa
considera como uno de sus componentes la retribución a los activos iniciales,
es decir aquellos con los que inició operaciones AISA, que son los activos de
SAMAPA. Según el cálculo de SAMAPA el valor de la tarifa correspondiente a los
activos de SAMAPA es 0.22771 $US/m3, referida a la justa remuneración a la
inversión en activos llevada a cabo por SAMAPA, como propietaria de los activos
en cuestión. Así, el Y anual promedio por este concepto es 8.9 millones $US. Si
el canon de arrendamiento (el pago por la deuda externa de SAMAPA), que era $US
3.5 millones en 1998 e irá reduciéndose paulatinamente, no cubre el ingreso que
AISA percibe por concepto de remuneración a los activos de SAMAPA ($US 8.9
millones). Ergo, la pérdida para SAMAPA acumulada en los 30 años llegará a 454
millones de $US (SAMAPA Residual, 2000: 13-14).
- Por otro lado, se vulneró
principio de eficiencia económica, al otorgar al concesionario una tarifa mayor
con relación a las verdaderas inversiones y gastos operativos efectuados y a
ser realizados por este en el periodo considerado (SAMAPA Residual 20000:6).
Se habla de que en un sistema de
tarifación por volúmenes no se han establecido regímenes de control de la
exactitud de la medición ni la tolerancia a las inexactitudes, lo cual en
determinado momento puede ocasionar inaceptables problemas de sobrefacturación
(SAMAPA Residual 2000:vii).
- Las tarifas asignadas a AISA
fueron calculadas para pagar completamente toda inversión de este y remunerar
su inversión con tasa de interés (compuesto) del 12% anual (rendimiento mayor
al promedio del mercado, considerando que las tarifas están en $US). (SAMAPA
Residual, 2000: 2)
El Estudio de Mejoramiento
Tarifario” de 1996, elaborado por el Ing Uzin, determinó una “tarifa promedio”
para SAMAPA y para AISA. Empleando el consumo promedio por tarifa y rango de
consumo, se determinan las tarifas
promedio para SAMAPA y AISA, respectivamente, encontrando que esta
última tiene una tarifa promedio mayor en más del 19% que la tarifa calculada para
SAMAPA. No hay justificativo para este incremento de tarifas técnicamente
diseñada(SAMAPA Residual, 2000: 12). De esta manera el público termina pagando,
tan solo por este concepto, un exceso aproximado de 3.6 milloines $US/año[10].
En los 30 años de la concesión la pérdida acumulada de los consumidores por
incremento de tarifas sería de $US 157 millones. (SAMAPA Residual, 2000: 13)
Existió un incremento previo de
57.7% en la categoría domestica, 17,88% en la Comercial y 21% en la Industrial.
Aunque se establece que las tarifas deben ser “justas y equitativas” (10.2.2.),
los principios que guían la elaboración de las tarifas son eficiencia
económica, viabilidad financiera, simplicidad y transparencia; es decir,
criterios económicos y de ganancia; lo social esta ausente.
El contrato de concesión
establece algunas medidas, importantes por sus efectos sobre la economía de los
usuarios:
- Se indexan las tarifas al
cambio dólar americano, publicado por el banco Central el primer día del
periodo de facturación
Dentro el consumo medido, se
establecen el siguiente sistema tarifario:
Cuadro 5
Resumen del sistema
Tarifario para el Consumo Medido
|
TARIFAS
SEGÚN CATEGORIAS Y RANGOS DE CONSUMO DE AGUA |
||||
|
CONCEPTO |
VALOR |
CATEGORIA
DE USUARIOS |
||
|
|
$US/M3 |
Doméstica |
Comercial |
Industrial |
|
Alta |
1.1862 |
301 y más |
21 y más |
1 y más |
|
Media Alta |
0.6642 |
151 a 300 |
1 a 20 |
|
|
Media |
0.4428 |
31 a 150 |
|
|
|
Baja |
0.2214 |
1 a 30 |
|
|
Fuente: Superintendencia de Aguas (1997)
- Se anula el cargo fijo básico,
y se cobra solamente por el caudal de agua potable consumido a partir del
primer metro cúbico. Antes de la concesión existía una tarifa básica hasta 10
m3, hoy se cobra por m3 consumido, ignorando criterios de solidaridad y
equidad.
- Se establece un monto adicional
de $US 0.10 en todas las facturas independientemente del nivel de la tarifa.
- Los costos de conexión de agua
potable se fijan en $US 155 y el de alcantarillado $US 180.
- Se establece una revisión
periódica de tarifas cada 5 años, a partir de la fecha de inicio.
- En la categoría comercial se
incluyen a usuarios oficiales, públicos y estatales; entre ellas se encuentran
escuelas, cuarteles, áreas verdes. Luego de negociaciones, el 2001 se logró una
rebaja para algunos de estos usuarios (escuelas).
A fines del 2001 se cumplió el
primer quinquenio, por tanto, siguiendo los términos del contrato (Cláusula
10.5.), hasta el primero de enero del 2002 debían fijarse las nuevas
condiciones para el próximo quinquenio, particularmente la nueva estructura
tarifaria.
La negociación entre la Superintendencia
de Saneamiento Básico (SABSA) y AISA se llevó a cabo desde el segundo semestre
del 2001. No se debe olvidar que esta negociación se realizado en el marco de
tres hechos que han determinado el resultado final:
Primero, la Guerra del Agua de
Cochabamba (octubre 1999-abril 2000) ha permitido la emergencia de movimientos
sociales, como la Coordinadora Departamental del Agua en Cochabamba y un amague
de organización de una similar en la ciudad de El Alto, que han puesto en tela
de juicio la legitimidad de la privatización de los servicios públicos en el
país, creando un ambiente de incertidumbre para la inversión privada en el
sector.
El segundo aspecto es que,
también producto del conflicto cochabambino, existe una nueva Ley de Agua
Potable y Alcantarillado Sanitario (No 2066) y un cuerpo de Reglamentos que han
sido consensusados casi en un 90% con las organizaciones sociales
(particularmente la Coordinadora del Agua); estas nuevas reglas del juego, que
entre otros temas modifica la indexación de las tarifas e incorporan mecanismos
de consulta en la otorgación de concesiones y fijación de tarifas, no fueron
del agrado de AISA ni del Banco Mundial: AISA se negó a aceptar el marco
normativo por afectar a sus intereses y considerar que el contrato de concesión
se ha realizado con otras reglas[11]
(la Ley de Aguas de 1906 y la ley SIRESE), y junto con el Banco Mundial han
logrado bloquear la aprobación de los Reglamentos de la Ley, como hemos visto
en capítulos anteriores.
Por último, el país ingresó en un
año electoral, coyuntura poco adecuada para tomar decisiones que afectan a la
población, esto es a los electores, que podrían generar revueltas como la de
Cochabamba.
Para la negociación, AISA
solicitó un incremento en las tarifas hasta en un 25%, como establece el
contrato (cláusula 13.3.2.); SAMAPA residual realizó un estudio sobre la
propuesta de AISA, donde mostró que en los hechos, a lo largo del quinquenio,
el incremento alcanzaría entre 34 al 74 %, afectando particularmente a los
sectores mas pobres producto de la introducción de un cargo fijo;
adicionalmente estas tarifas estarían completamente dolarizadas, vulnerando la
Ley 2066, instrumento legal que, como dice el informe de SAMAPA, “Aguas del
Illimani cree no necesita cumplir, pero que la SISAB sí debe cumplir” (SAMAPA
2001). Se conoce que la Superintendencia habría aceptado hasta un 15%[12].
A fines del 2001, la
Superintendencia de Saneamiento Básico (SABSA) emitió dos resoluciones (la
79/2001 y la 80/2001), resultado de la negociación, que inicialmente pasaron
desapercibidas para la opinión pública, particularmente las organizaciones
sociales[13], pero que
modifican aspectos específicos del contrato.
La Resolución 79/2001, si bien
establece en su primer punto mantener el sistema tarifario establecido en el
contrato de julio de 1997, actualmente vigente, en el segundo aprueba el
incremento del cargo por concepto de formulario, de $US 0.10, establecido
originalmente en el contrato, a $US 0,220 por conexión y por mes para las
conexiones domésticas de los sistemas de El Alto, y $US 0.3444 para los
sistemas de Achachicala y Pamphahasi, asi como para todas las conexiones
comerciales e industriales de la concesión. En ambos casos implica un
incremento, del 120% en el primer caso, y 244.4% en el segundo. El tercer punto
señala que la nueva estructura tarifaria será definida una vez aprobados los
Reglamentos de Ley Modificada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario No
2066.
Por su parte, la Resolución No
80/2001, aprueba las nuevas metas de expansión de los servicios para las
ciudades de La Paz y El Alto, sobre el cual nos referiremos luego. El artículo
segundo de la Resolución se refiere a los nuevos costos del derecho de
conexión, $US 196 por agua potable y $US 249 por alcantarillado sanitario, esto
implica un incremento del 26.4% y 38.3% respectivamente en relación a los
precios establecidos por el contrato.
Al margen del irremediable futuro
incremento tarifario, las implicaciones de ambas resoluciones son importantes
para la economía de la población, pues un habitante de El Alto, por ejemplo
debe pagar mensualmente 1.5 Bs. por el formulario o recibo, cuando antes pagaba
solo 0.7 Bs[14]. Pero el
mayor cargo es en las nuevas conexiones, que harán más prohibitivo conectarse a
la red con los nuevos costos. Este problema es muy grave en El Alto, donde la
cobertura en alcantarillado es del 63%, según AISA, con un consumo muy bajo de
agua (un promedio de 50 litros/persona/día), entre otros motivos por el alto
costo que supone. Algunos enfoques que enfatizan la necesidad de orientar la
participación privada hacia la protección de los sectores más pobres de la
población, sugieren que se establezcan sistemas de subsidios a la instalación
de los sistemas (Crespo/Laurie 2002) tema que aparentemente no ha sido considerado
en la concesión de La Paz.
Lo relevante es que no se
considera la participación de los usuarios en la revisión tarifaria.
Directamente es una negociación entre Super y Concesionaria (anexo 10; numeral
3.2.).
A propósito de negociación, con
la experiencia de Cochabamba, las organizaciones sociales participaron de
algunas reuniones respecto al nuevo quinquenio; se hablaba de la conformación
de una comisión donde participaban las representaciones vecinales y cívicas.
Pero en los acuerdos establecidos entre la Superintendencia y AISA no
participaron estas organizaciones[15].
Mas aún, la resolución vulnera un convenio de noviembre del 2001, entre la
FEJUVE de El Alto y AISA, con el respaldo de la Superintendencia, por la cual
la empresa se comprometía a no realizar ningún tipo de incremento mientras no
fuera consensuado con las organizaciones sociales.
Por otro lado, a lo largo de
estos años hay denuncias de cambios de categoría, que implican incrementos
tarifarios. Asimismo quejas por el elevado costo de reposición del servicio
($US 13), el corto tiempo para cubrir deuda mensual.(LR 8/IV/98), y denuncias
de cobros en viviendas deshabitadas. (LT 23/IV/98).
Todos estos elementos influirán
en el ánimo de la población, principalmente alteña, en la profundización del
movimiento de resistencia a la concesión, como veremos luego.
Pero, hay un hecho aún más grave,
también inadvertido por la opinión pública. Previo a la concesión, en 1996
SAMAPA encomendó un estudio de mejoramiento tarifario, que definió el sistema actualmente vigente. Este estudio recomendó
el siguiente sistema tarifario:
Cuadro 6
Estudio de
Mejoramiento Tarifario (1996)
Resumen del Sistema
Tarifario para el Consumo Medido
|
TARIFAS
SEGÚN CATEGORIAS Y RANGOS DE CONSUMO DE AGUA |
||||
|
CONCEPTO |
VALOR |
CATEGORIA
DE USUARIOS |
||
|
|
$US/M3 |
Doméstica |
Comercial |
Industrial |
|
Alta |
0,9964 |
301 y más |
21 y más |
1 y más |
|
Media Alta |
0,5579 |
151 a 300 |
1 a 20 |
|
|
Media |
0,3719 |
31 a 150 |
|
|
|
Baja |
0,1850 |
1 a 30 |
|
|
Fuente: Cit. en SAMAPA
Residual, 2000.
Comparando con las tarifas
aprobadas en el contrato de concesión se observa que en este último se
incrementó en más del 19% que la tarifa calculada para SAMAPA, sin ningún
justificativo técnico ni legal; esto implica que el usuario paceño paga un
exceso aproximado entre 3 a 3.6 millones de $US/año (SAMAPA Residual, 2000). Es
decir, al margen del incremento público, establecido previo a la concesión,
producto de las negociaciones con AISA, se hizo un nuevo incremento ignorando
el estudio de SAMAPA. Esta situación no ha sido modificada hasta hoy.
Finalmente, si bien hubo anuncios
de la Superintendencia de desindexar la tarifa, y más bien calcular de acuerdo
al índice de precios al consumidor (IPC), de tal manera que las tarifas suban
de acuerdo al costo de vida de los bolivianos (dato proporcionado mensualmente
por el Instituto Nacional de Estadística) (ED 1/IV/03), hasta el momento no se
ha implementado oficialmente, debido a la resistencia de AISA.
6. CONSUMO
El año 2001, el gerente general
de AISA se quejaba que en los primeros cinco años de la concesión el consumo en
general había bajado (N/N, 2001). Esta evidencia se verifica en el siguiente
cuadro, presentado por SABSA, donde se muestra el consumo de tres años en el
área de la concesión:
Cuadro No 7
Consumo de Agua Área de Concesión AISA (en millones m3)
|
Año |
Consumo |
Consumo promedio mes |
|
1998 |
41,4 |
3,45 |
|
1999 |
41,5 |
3,46 |
|
2000 |
34,5 (*) |
3,46 |
Fuente: SABSA, en LP 13-XII-00
(*) hasta octubre del 2000
Dos
razones influirían en la caída del consumo: por un lado, los usuarios domésticos
han ajustado su consumo por la crisis económica (Johnny Cuella en LP/13/XII00),
y por otro, sectores industriales paceños han quebrado o se han ido a Santa
Cruz (N/N, 2001)
Asimismo, los consumos son
diferentes según el estrato socioeconómico al cuál pertenece la zona: los
barrios pobres consumen mucho menos que los barrios de la clase media paceña,
visibilizando que el acceso al agua potable en Bolivia es un indicador de
segregación socio económica:
Cuadro No 8
Consumos altos y bajos según zonas en el área de la concesión AISA
|
Barrio
o Zona |
Consumo |
|
Ciudad de La Paz –consumo alto San
Sebastian San
Pedro Bajo Belen Santa
Barbara Miraflores
Sur Calacoto Sopocachi
Bajo Obrajes
|
149,24
m3/mes 99,24
m3/mes 86,90
m3/mes 82,96
m3/mes 78,83
m3/mes 59,29
m3/mes 53,97
m3/mes 44,45
m3/mes |
|
Ciudad de La Paz –consumo bajo Tacagua Alto
Chijini |
11,08
m3/mes 11,29
m3/mes |
|
Ciudad de El Alto –consumo alto |
Ninguno |
|
Ciudad de El Alto –consumo bajo Ciudad
Satelite, 12 de octubre, villa Dolores, Santiago I, Tejada triangular,,
Tejada Alpacoma, Santa Rosa, Exaltacion, Rosas Pampa, Alto
Lima, Villa Victoria, Said, Alto Lima, Tercera Sección, Huayna potosí, Villa
Esperanza, Tupac Katari, Villa Ingavi, Gerrman Busch, Tahuantiansuyu,
Mercurio, Jerusalen, Zona Industrial,, Urbanización Municipa, Romero Pampa, Resto
de zonas alteñas |
7,03
m3/mes 9,88
m3/mes y 11,86 m3/mes respectivamente |
Fuente: LR 04/VI/01
La ciudad de El Alto es la que
consume menos agua en toda el área de la concesión; por ello, las mayores
críticas del gobierno y AISA al bajo consumo, se han concentrado en esta
ciudad:
"Invertir en El Alto es para
el fósforo, ya que es una ciudad totalmente pobre y no reúne las condiciones
para fortalecer económicamente a una empresa. Pero, el compromiso contractual
que tienen para atender La Paz, El Alto y sus alrededores, los
alienta".(UH 9/III/98)
En diciembre de 2000,
Arnaud Bazire declaraba que la población del Alto era «el peor cliente» y «el
peor consumidor del mundo», mientras que un funcionario del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), declaraba que la concesión podría ser rentable si
la población consumiera de otro modo... es decir más (Popeau 2002).
El tema crítico es que mientras
las normas Internacionales de consumo de agua potable tienen como parámetro el
gasto de 150 a 2 50 litros del líquido por habitante, en La Paz es 146 lts/día,
mientras que en la ciudad de el Alto apenas llega a 31 lts/día (ABI, 8/VI/01).
De hecho, la vivienda tipo en El Alto solo posee un punto de agua, normalmente
en el patio, sin instalaciones sanitarias.
Las causas para la caída en la
demanda y el bajo consumo de agua en El Alto oscilan entre los prejuicios
racistas y el síndrome de la crisis económica:
Atribuyen a factores
socioculturales. Es común oír ente técnicos de AISA y el mismo gobierno, que "los aymaras no tienen costumbre de
bañarse, por el frío". Por otro lado, se habla de la falta de “costumbres
urbanas”, como utilizar duchas, lavanderías, o el hábito de echar el agua por
unos canales que salen directamente a la calle (LR/04/VI/01). Como afirmaba el
funcionario del FNDR: “Es primordial enseñarle a la
población que debe acostumbrarse a pagar las facturas de agua. Una persona
crece sin agua y va a las instalaciones públicas, o al río. Se habitúa a eso, y
a no tener agua adentro de la casa. Es una cuestión de cultura. Hay que
enseñarle a la gente a bañarse una vez por día, a regar las plantas y lavar el
auto...” (Popeau, 2002).
La “cultura de la
subvención”. Denis Cravel, especialista en agua del BID afirma que “la
población tiene malos hábitos”, porque cree que “el servicio debería ser
gratuito”, cuando en realidad el “agua es un bien social, pero también
económico”.
Pero todo apunta a que son razones
socioeconónomicas las que determinan el bajo consumo en la ciudad de El Alto,
no tomadas en cuenta por el consorcio cuando realizaban sus estudios de
proyección del consumo:
Un mayor consumo les implica un
gasto extra, que la crítica economía alteña no podría soportar (El Alto se
halla entre las ciudades con mayores índices de pobreza en el país).
Adicionalmente, instalar una ducha implicaría pagar por el consumo de energía
eléctrica.
El Alto es una ciudad donde sus
habitantes, tanto hombres como mujeres, desarrollan sus actividades en la
ciudad de La Paz o fuera de la vivienda, particularmente comercio; por tanto
los requerimientos de agua son menores a un hogar estándar.
De todas maneras, AISA argumenta
que el servicio de El Alto produce pérdidas a la empresa: solo recauda 5
millones Bs/año, que no cubren los gastos operativos: solo la necesidad de
mantener la imagen de la empresa los mantiene en la zona.
La pregunta es por que AISA no se
va de El Alto, a pesar de las pérdidas? Por la importancia para la empresa
madre, Suez, de mantener la imagen internacional de una concesión exitosa
orientada a los pobres (“pro poor”), demostrando por tanto que el sector
privado también invierte en zonas pobres.
INVERSIONES
Cuanto es el monto de inversión pactado por AISA con el gobierno y la
autoridad regulatoria? El contrato de concesión no lo establece. Aparentemente
la licitación original estaba basada en metas de expansión según inversión,
pero estas fueron modificadas por metas según número de conexiones. Por que el
cambio? Tenemos dos hipótesis: por un lado, porque permitía a AISA no
visibilizar el origen de las inversiones, de tal manera que los créditos
blandos, concesionales (pensados para los pobres) que ya habían sido
comprometidos por SAMAPA, previa a la concesión, les permitía cumplir con las
metas de conexión. Para que traer nuevos capitales si ya existían esos
créditos? Por otro lado, facilitaba que inversiones realizadas por otros
actores institucionales, aparezcan como parte de las inversiones de AISA. Dos
ejemplos. Una ONG española realizó por su cuenta 2000 conexiones en zonas fuera
del área de cobertura, las que luego aparecieron como ejecutadas por AISA.
COSUDE esta invirtiendo tres millones de $US en conexiones en El Alto, las que
serán administradas por AISA, y seguramente aparecerán como suyas.
Ahora bien, AISA en estos años ha
realizado un manejo mediático del monto de la inversión, modificando cantidades
de acuerdo a las coyunturas, fluctuando entre $US 60 a 80 millones (ver Box
No….). De acuerdo al BID, en los 30 años deben invertir US$362 millones, y en
la primera fase (1997-2001) calculaban aproximadamente US$72.0 millones. Pero,
la verdad es diferente.
De acuerdo a la SISAB, el detalle
de inversiones entre 1997 y agosto del 2004, es el siguiente:
Cuadro No 9
Inversiones de AISA en las
ciudades de La Paz y El Alto
|
Año |
$US |
|
1997 |
8,121,109 |
|
1998 |
15,142,868 |
|
1999 |
19,552,919 |
|
2000 |
8,616,975 |
|
2001 |
3,353,120 |
|
2002 |
3,360,000 |
|
2003 |
3,121,000 |
|
2004 |
3,370,000 |
|
TOTAL |
54,786,991 |
Fuente: SISAB
En suma, AISA ha invertido casi
$US 55 millones solamente, en casi ocho años de concesión.
Pero, cual es el origen de estas
inversiones? AISA está invirtiendo y arriesgando su capital, como
suelen afirmar? Este dato es difícil de conocer, pero podemos hacer un ejercicio con información
indirecta. Si creemos al BID y al gerente A. Bazure[16], de los $US 72 millones que debía invertir AISA en los primeros cinco
años, $US 52 millones venían de préstamos: 15 provenientes del BID, 25 de un
financiamiento paralelo del BID-IFC y la CAF, y 12 de fuentes no identificadas
. Es decir, 72,2% del total; pero, de acuerdo a la información de la SISAB,
representaría aproximadamente el 95%. Estos créditos son concesionales, con
intereses bajos, canalizados a través del gobierno. Es decir, la inversión de
AISA no es directa, sino a través de préstamos del gobierno.
Finalmente, a fines de agosto del 2003, los accionistas de AISA aprobaron
ofertar bonos de la empresa en el mercado boliviano, para “apoyar futuras
inversiones con bonos adicionales”; de esta manera la empresa podría adecuar en
cierta medida su estrategia futura de financiamiento, actualmente proveniente
principalmente de créditos multilaterales, que respaldan la estructura de
pasivos de AISA. El monto aprobado: 7 millones de $US en cuatro series: una
primera de US$1mn en bonos con vencimiento a tres años y luego tres de US$2mn
con vencimientos a cuatro, cinco y seis años respectivamente. La venta buscaba
ayudar a a reestructurar los pasivos a corto plazo de la empresa a fin de
financiar su plan de inversiones. “Illimani debe invertir casi US$16mn durante
el período 2002-2006 para ampliar la red de servicios y ya ha invertido US$5mn
durante este períodor” ( www.BNamericas.com)
Finalmente, como señala el estudio de SAMAPA Residual, “el concesionario
decía que el 2000 hizo inversiones por 44 millones de $US, pero en ella incluye
obras que fueron comenzadas y pagadas
hasta el 1 de agosto por SAMAPA, por lo menos parcialmente (eplo: planta
depuradora de aguas servidas de Puchukollo y la tubería Pampahasi-Ovejuyo, que
en el momento del inicio de la concesión estaban concluidas y pagadas en un 75
y 60% respectivamente) (SAMAPA Residual 2000:viii). El peligro de no esclarecer
el estatus financiero de estas obras completamente
nuevas hechas como inversión del concesionario, es que aparecen como
inversiones propias. El documento considera que AISA “ha tratado de exagerar el
aporte o la inversión privada que en todo caso es menor a la que el
concesionario afirma y si es que realmente existiera”. Todo esto es posible
porque el Contrato no establece los procedimientos que determinarían la
inversión que el concesionario debía realizar” (SAMAPA Residual 20000:3).
8. DERECHO A SERVIDUMBRES
Para cumplir con sus con sus
obligaciones, y facilite la prestación del Servicio, el concesionario tiene el
derecho de “uso de bienes públicos y servidumbres sobre bienes privados” de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas, marco regulatorio y otras normas
aplicables (numeral 8.). Las expropiación de infraestructura, áreas ha sido un
tema conflictivo, como también enseña la revuelta cochabambina.
9. DESAGÜES PLUVIALES NO INCORPORADOS
El Contrato, si bien señala la
atribución de atender los desagües pluviales (2.2.9.), el mantenimiento es solo
de la red existente, a la fecha de inicio del servicio. “El Concesionario no
tendrá la obligación de expandir, ni mantener la red pluvial la red pluvial que
se construya a partir de la fecha de inicio” (13.9). En una ciudad donde cuyas
laderas (la mayor parte de ellas zonas pobres), se hallan en alto riesgo de
derrumbes durante la época de lluvias por los derrumbes, la inexistencia de una
política de manejo pluvial es grave. Para AISA el tema pluvial no genera
ganancias, por tanto no constituye una prioridad. El pasado año AISA perdió un
juicio con SAMAPA residual, adeudando aproximadamente 30 millones de Bs. de los
cuales 750 mil $US serán pagados en obras pluviales.
El documento de SAMAPA Residual
señala que la exclusión del alcantarillado pluvial como obligación del
concesionario ha ocasionado una contradicción en el contrato y un vacio en las
obligaciones para atender la necesidad de su construcción y mantenimiento, el
cual resulta oneroso para la Alcaldía y la ciudad (2000:v). Veamos las causas.
SAMAPA había encarado el
mantenimiento y construcción del alcantarillado pluvial. Resulta que, a raíz de
esta clásula, AISA cobra una tarifa casi un 20% más alta y sin obligación alguna
respecto al alcantarillado pluvial (SAMAPA Residual 20000:8), es decir la
cláusula solo sirve para los derechos no las obligaciones. El costo acumulado
por SAMAPA para la ciudad de la paz, por la ejecución del alcantarillado
pluvial llega a más de 17 millones de $US (SAMAPA Residual, 2000: 15).
Asimismo, se describen las medidas
que el gobierno municipal de La Paz y SAMAPA tuvieron que tomar para subsanar
temporalmente las contradicciones y vacíos respecto al Alcantarillado pluvial,
contenidos en el contrato de concesión, hecho que concluyó en la firma y
ejecución de un “contrato de obra” a raíz del cual se determinó que el costo
real de las obras reclamadas por AISA era inferior al 63% del monto exigido por
el concesionario. También se describen
la serie de incumplimientos relativos a la adecuada conservación y
operación de todos los activos inherentes al sistema, así como los daños al
medio ambiente por la causa arriba descrita (2000:vi).
En suma, “si el D.L. 07597 de
creación de SAMAPA incluía ente sus atribuciones y obligaciones atender el
alcantarillado pluvial, y tal disposición forma parte del marco legal de la
licitación, dicha obligación debió formar parte del alcance de la concesión”.
(SAMAPA Residual, 2000: 18).
Según el contrato, la
concesionaria tenía un plazo entre 1.5 a 3 años para instalar medidores en el área
de concesión, en el sector doméstico (anexo 10; numeral 1.1.); pero hasta hoy,
gran parte de las instalaciones de El Alto carecen de medidores, lo que se
traduce en tarifas más altas. Los vecinos de El Alto prefieren medidor, pues
mientras con el sistema medido llegan a pagar entre 6 a 7 Bs. con el sistema no
medido, donde pagan un promedio establecido por la empresa, pagan entre 12 a 15
Bs. No es casual que desde el inicio de la concesión, más bien se haya reducido
el porcentaje de conexiones con micromedición, de 92,29% al inicio de la
concesión, a 90,04 % a fines del 2000 (SISAB 2000: 21).
El Auditor Externo, técnico y
contable es contratando por la misma
empresa, quien certifica el cumplimiento de metas de expansión (anexo 11;
numeral 3). Asimismo ODECO es contratado por AISA, generando el riesgo de ser
juez y parte y poniendo en duda la transparencia de la fiscalización y solución
de quejas. De hecho, el índice de resolución de quejas se ha reducido, de 98,85
al inicio de la concesión, a 94% el año 2000 (SISAB 2000:21).
Si bien, AISA esta obligada a
informar a la Superintendencia sobre sus actividades, y esta a su vez podrá
publicar la información proporcionada por el concesionario, no se incluye
“aquella información que, a solicitud del concesionario, haya sido calificada
como confidencial, información privilegiada y secretos comerciales por el
concesionario o que constituyan propiedad intelectual del concesionario o de
terceros que tenga el carácter de restringida, confidencial o secreta”
(14.1.1.). Obviamente en ella se halla el modelo financiero y los criterios
para la elaboración de la estructura tarifaria, temas cruciales a la hora de
negociar las nuevas metas y tarifas.
A su vez, según el numeral 14.3.1
el concesionario “no podrá proporcionar información confidencial relativa a la
Super, de la cual conozcan, se enteren o tomen conocimiento directo en virtud
de su participación en la licitación y celebración de este contrato”, particularmente
se refiere a aquella información obtenida en la sala de datos, incluyendo
entrevistas con personal autorizado y visitas de inspección a las instalaciones
de SAMAPA.
Concesionaria no se hace cargo de
pasivos ambientales existentes a la fecha de inicio (18.1.5.). Quien lo hará?.
Los impactos ambientales acumulados por la gestión de SAMAPA, a través de las
descargas en el río Choqueyapu, no tendrán ningún tratamiento.
Pero, en el tratamiento de aguas
servidas tampoco se ha avanzando mucho; periódicamente AISA echa residuos de su
planta de tratamiento de lodos al río Choqueyapu, con residuos contaminantes
sobre los cuales nadie se hace responsable: recién se tomaran medidas al
respecto en el próximo quinquenio. Tampoco AISA muestra interés en obligar a
las industrias a cumplir reglamentos ambientales en sus descargas:
"nosotros no contaminamos, lo hacen las industrias que no cumplen los
reglamentos ambientales”, parece ser el lema.
Incluye AISA los costos
ambientales en su análisis financiero? No lo sabemos, pero por los antecedentes
mencionados no lo parece.
14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Si bien el contrato reconoce las
leyes bolivianas, a la vez se reconoce el derecho de los accionistas y
concesionario a recurrir a “mecanismos de resolución de controversias
establecidos en tratados internacionales reconocidos por la República de
Bolivia” (21.1.2.). Entre estas se hallan organismo como el tribunal de
conciliación del Banco Mundial, frecuentemente utilizado en casos de conflictos;
pero, si este organismo es socio de AISA, como podrá ser a la vez ser juez?.
15. CONTRATO POR ENCIMA DE OTROS
ACUERDOS
Al ser considerado el contrato un
documento completo, “no existen otras restricciones, promesas, declaraciones,
garantías, estipulaciones u obligaciones diferentes de aquellas expresamente
expuestas en el presente Contrato. Este Contrato reemplaza a todos los
convenios y acuerdos, ya sean verbales o escritos, entre las partes con
respecto al objeto de este contrato” (28.5). Es decir, cualquier acuerdo que
logre la Superintendencia con las organizaciones o los municipios, AISA no está
obligado a cumplirlo. Otra moraleja de la experiencia de Cochabamba.
16. RESISTENCIA A
AISA
El proceso de resistencia a la
concesión de Aguas del Illimani (AISA) se puede dividir en tres etapas,
diferenciadas por los alcances y contenido de la resistencia:
Primera Etapa. Que dura entre el momento de la concesión, en 1997, hasta la guerra del
Agua, en abril del 2000. El gobierno incrementó las tarifas meses antes de la
concesión, de tal manera que AISA no aparecía como directo responsable del
hecho (como sucedió en Cochabamba), por tanto las organizaciones se vieron
neutralizadas en su capacidad de movilización. De todas maneras hubo intentos:
el día que se anunciaba la concesión a AISA, la Asamblea de la Paceñidad[17]
organizaba una marcha de protesta y posterior cabildo como rechazo a la
privatización de SAMAPA y la elevación de las tarifas de servicios esenciales[18]
(UH/27/VI/97).
Donde hubo descontento
generalizado desde el inicio fue en El Alto, no solo por las tarifas elevadas[19]
y calidad del servicio, que se tradujo no solo en la demanda por la rescisión
del contrato, sino en acciones directas contra las oficinas de la empresa en El
Alto: en mayo de 1998, las oficinas de AISA en El Alto
"fueron apedreadas por un grupo de
manifestantes que participó de una marcha de protesta por el alza de tarifas de
agua potable y alcantarillado organizada por FEJUVE. Vidrios rotos, destrozos
de un vehículo particular y el susto de los funcionarios de la empresa, que
afortunadamente no fueron afectados, fue el saldo de la protesta." (P
5/V/98).
Por su parte, en la ciudad de La
Paz, la Cámara de Propiedad Horizontal de La Paz señalaba que el Municipio
debiera iniciar recurso de nulidad del contrato o pedir inconstitucionalidad
del contrato (P 1/XI/98), y FEJUVE consideraba un proyecto de creación de la
empresa Municipal de Agua Potable (EMAPAL), frente al mal servicio de AISA (LT
23/IV/98).
Este proceso también incluía
eventos de información y análisis[20]
de las organizaciones, para construir sus propios argumentos contra la
concesión.
Pero en todas estas
declaraciones, movilizaciones y acciones directas, no existía un referente
sobre el cual actuar. En general existía la percepción que AISA era una empresa
multinacional poderosa, y en el contexto de una derrota política de los
movimientos sociales luego de la aplicación del Ajuste Estructural, era muy
difícil modificar la concesión… hasta que llegó la revuelta cochabambina.
Segunda etapa. Dura entre mayo del 2000 hasta principios del 2001, y se caracterizó por
la fuerte influencia de la guerra del Agua cochabambina. De hecho, a partir de
junio de ese año, representantes de la Coordinadora del Agua y la Vida tuvieron
contactos con dirigentes alteños en la perspectiva de crear una organización
similar, hecho que fue calificado como movimiento político por el gobierno. A
fines de ese año, el dirigente Usnayo de la COR, si bien admitió públicamente
que tuvieron encuentros “esporádicos” con los miembros de la Coordinadora del
Agua, señaló que “no podemos permitir que el gobierno nos empiece a llamar
movimiento político para descalificarnos” (LR 2 XII-00). A pesar de ello,
anunciaba que las organizaciones “… no descartan la posibilidad de comenzar una
lucha por el agua y la luz, emulando a la “guerra del Agua” de Cbba. en
protesta por los excesos en los cobros de estos servicios [21]
(P 22-XI-00). Ya en septiembre del
mismo año, Vecinos y propietarios de oficinas en edificios, organizados en
torno a la Cámara de la Propiedad
Horizontal, es decir la clase media paceña, señalaban estar preocupados por la
mala calidad del agua potable que Aguas del Illimani estaría distribuyendo en
la ciudad, además de ejercer cobros inadecuados en diferentes aspectos, y
comentaban que "Cuando hubo el problema de Cochabamba (los empresarios de
Aguas del Illimani) querían solucionar, porque tenían miedo que la población de
La Paz se subleve” (ED 6-IX-00). El mismo alcalde de El Alto, Jose Luis Paredes[22]
amenazaba: “No queremos que el problema se agrave y que pase como en
Cochabamba, por eso pedimos que el contrato sea revisado en las oficinas de la
Superintendencia” (ED 1 –XII-00).
La cobertura periodística a una
multitudinaria marcha alteña el 4 de diciembre de ese año contra AISA y las
empresas de servicio públicos privatizadas, reflejaba el temor a una nueva
Guerra del Agua, más aún en una sociedad tan racista como la paceña: para el
editoria de La Prensa, la marcha del 4-XII recordó lo ocurrido en Cbba, cuando
una marcha en abril generó actos de vandalismo hasta lograr que Aguas del
Tunari se retirará; mientras que el periódico conservador El Diario titulaba “Alteños
inician segunda Guerra por el Agua” y
anunciaban que las organizaciones populares de la ciudad de El Alto,
armadas con palos y macanas protagonizarían una masiva marcha de protesta,
pidiendo la expulsión de las empresas Aguas del Illimani y Electropaz por el
incremento de sus tarifas (ED 4-XII-00).
Uno de los temores post Guerra
del Agua, para AISA ha sido que se modifiquen los términos del contrato
original, por ello haciendo una referencia indirecta a la revuelta
cochabambina, el gerente afirmaba que si bien "el grupo Suez tiene un
compromiso con Bolivia. Nuestro interés es quedarnos y cumplir con el contrato
firmado", inmediatamente señalaba “esperamos que las reglas no
cambien" (A. Bazire en LR 19/VIII/01).
En este periodo se desarrollan
multitudinarias marchas alteñas contra los incrementos tarifarios de luz y
agua, con amenazas de intervenir las oficinas de las empresas (Noviembre 00;
4/XII/00; 4/II/01) y “sacarlos a patadas” (ED 4/XII/00)[23],
incluyendo nuevos ataques a las oficinas (ED 23/XI/00)[24].
Más aún, el 24 de noviembre del 2000, 27 postes que sirven de sostén para el
transporte de energía eléctrica a la planta de agua de Tilata, en El Alto,
amanecieron tirados en el suelo (LR 25/XI/00), un tipo de acción directa
(sabotaje) no realizado hasta entonces[25];
el 8/XII/00 un atentado dinamitero destruyó una bomba de Aguas del
Illimani, dejando casi toda la ciudad de El Alto y parte de la ladera oeste de
La Paz sin agua (ED 8/XI01). Se crea un Comité de Defensa del
Agua, de corta duración, impulsada por el Alcalde Paredes, y compuesta por
organizaciones vecinales, laborales y cívicas, para coordinar el alejamiento de
la empresa (Noviembre del 2000). El periodo termina en el contexto de la
negociación ente la Superintendencia y AISA respecto al nuevo quinquenio, que
generó nuevos escenarios de conflicto.
Tercera Etapa. Dura aproximadamente
desde inicios del 2002 hasta el presente. La característica fundamental de este
periodo es que está mucho más claro la lucha anti privatización, siguiendo el
ejemplo de Cochabamba. El descontento es mayor en la población alteña, a pesar
del despliegue mediático de la empresa, y cuyo punto máximo fueron las
movilizaciones del 12 y 13 de febrero del 2003. Esta es una síntesis de la
reseña de la agencia de noticias Bolpress (www.bolpress.com):
El debilitado gobierno del
acuerdo MNR-MIR-UCS propuso al país, mediante Ley, la rebaja real de salarios
por medio de un impuestazo gradual y en función del nivel de remuneración,
derivando en protestas sindicales y de los policías. El martes 11, los policías
sin grado, que tienen un salario considerado muy bajo se amotinan nuevamente
(lo habían hecho en abril de 2000), sin recibir respuesta alguna del gobierno
central. El miércoles por la mañana, el gobierno no da mayor importancia a los
policías amotinados y una marcha de estudiantes del colegio Ayacucho
desencadena en un enfrentamiento armado entre policías y militares en plena
Plaza Murillo, donde comienza la serie de muertes por disparos de armas de
fuego. Las gestiones con los amotinados no prosperan, el Presidente y los comandantes
de las Fuerzas Armadas y de la Policía pierden autoridad sobre sus tropas y por
la tarde y noche de ese miércoles se realizan actos como la quema de sedes
partidarias, de la Vicepresidencia (el segundo palacio quemado), los
ministerios de Trabajo y desarrollo Sostenible y del Gobierno Municipal de El
Alto, a lo que se añade el saqueo de comercios, bancos y empresas, en La Paz y
El Alto, entre ellas las oficinas de Aguas del Illimani en la ciudad alteña[26].
El jueves 13, el gobierno termina finalmente de negociar con los policías
amotinados y los efectivos del orden retornan a las céntricas calles paceñas,
aún humeantes por los incendios en edificios públicos y privados. En el
transcurso de todo el conflicto mueren más de 30 personas y otros heridos
fallecen en hospitales. Se conoce de más de 200 heridos y de millones de
dólares en pérdidas materiales.
Los edificios atacados y quemados
por la multitud no fueron al azar, mas bien constituían objetivos de símbolos
de poderes odiados por la población por la corrupción (gobierno municipal La
Paz), el autoritarismo gubernamental (edificio Vice presidencia), el sistema
político corrupto y clientelista (sedes políticas de la UCS, MIR, MNR), tiendas
de ricos (Burger King, Shopping Norte) o que explotan a los pobres (PRODEM,
Ismar), y las empresas de servicios
públicos, entre ellas Aguas del Illimani que en la percepción colectiva son los
nuevos piratas que se enriquecen rápidamente a costa de los más pobres.
Posteriormente hubieron nuevas
demostraciones (FEJUVE de La Paz en IV/03, Coordinadora de Defensa (vinculada a
NFR, UCS) de los Intereses de La Paz en
V/03, La Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia y el Comité de Defensa
de La Paz el19/V/03, la COR El Alto también en ,ayo de ese año), y que nuevamente
tuvo su punto culminante en la Guerra del Gas, donde si bien el tema de la
revuelta era diferente (la recuperación de los hidrocarburos y la expulsión de
Gonzalo sanchés de Lozada de la presidencia), hubo intentos de saquear
nuevamente las oficinas de AISA en El Alto.
En este periodo también se ha
incrementado el uso de escenarios legales de resistencia, particularmente
demandas ante el tribunal constitucional de usuarios afectados por AISA con
cobros indebidos[27], mostrando
que si bien es un recurso poco confiable para los ciudadanos, potencialmente
constituye un espacio más de resistencia a la mercantilización del agua en el
país.
A lo largo de estos tres
periodos, otro dispositivo de resistencia, mas individual han sido las
conexiones clandestinas. Ya el año 1999, el Gerente de Explotación y
Desarrollo, Gilles Boulanger, calificaba las conexiones clandestinas, como un
robo, y afirmaba como causas que en El Alto “la gente quiere avivarse, es
decir, quieren tener el mismo servicio que los demás pero sin pagar nada. Otra
causa es que tal vez la gente se acostumbró a la burocracia de antes al hacer
los trámites y ahora prefiere no asistir a la empresa” (P 6/IX/99)[28].
Se calculaba entonces que 9% de las conexiones eran clandestinas.
En suma, el movimiento de
resistencia contra AISA, fundamentalmente en la ciudad de El Alto, ha sido
permanente, con momentos de crisis profunda, y que pone en tela de juicio las
conclusiones optimistas de funcionarios de gobierno y la cooperación
multilateral que consideran un éxito la concesión paceña. Por el contrario,
existen muchas versiones oficiales señalando que AISA desea retirarse de El
Alto, no solo por las pérdidas que supone para la empresa (esta extendido el
argumento de que “La Paz financia a El Alto”), sino también de toda la
concesión[29].
Cochabamba octubre del 2004